De acuerdo con un reporte del Centro de los Derechos del Migrante, entre 2014 y 2018 se registraron 104 casos que involucran a 6,497 personas, quienes por un empleo falso pagaron en promedio una cuota de 9,300 pesos, el equivalente a tres meses y medio de salario mínimo en México.
En la Sierra de Hidalgo no hay trabajo. Antes la gente se ocupaba en el campo. Después de 1994 y del TLC entre América del Norte esto dejó de ser una opción. Por eso cuando llegan personas pidiendo dinero a cambio de colocar a unos cuantos en empleos temporales en Estados Unidos, los que pueden lo consiguen y se los dan. Sacan sus ahorros o se endeudan para pagar la cuota al reclutador. Unos sospechan que aquello puede ser un fraude, pero no les queda más que confiar.
Javier López, activista por los derechos de los trabajadores migrantes temporales, cuenta que van dos casos, uno hace poco más de un año y otro hace unos ocho meses, en los que llegaron reclutadores a las comunidades pidiendo 7 mil pesos por cabeza para tramitar la visa. Rentaron un ómnibus para -según ellos- llevar a los interesados al consulado de Monterrey. “Pero nomás tuvieron el dinero en su poder, se bajaron del camión, y ahí los dejaron, sin visa y sin trabajo”.
El Centro de los Derechos del Migrante (CDM), una organización que apoya a las y los trabajadores mexicanos mientras se mueven entre sus comunidades de origen y sus lugares de trabajo en los Estados Unidos, ha documentado fraudes hasta por 60 millones de pesos. Entre 2014 y 2018 recibió reportes de 104 casos, que involucran a 6,497 personas quienes por un empleo falso pagaron en promedio una cuota de 9,300 pesos, el equivalente a tres meses y medio de salario mínimo en México.
La organización supo de casos en 27 de los 32 estados. Las entidades con el mayor número de fraudes son Guanajuato, Zacatecas e Hidalgo, pero es en San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz donde se han registrado más afectados. Por lo general un fraude no involucra solo a una persona. En esos lugares ha habido más defraudados por caso. La prevalencia en ciertos puntos se explica porque son zonas de mayor movimiento de trabajadores temporales, donde es más fácil que la gente crea en una oferta de empleo provisional.
CDM reconoce que sus cifras son solo una parte del problema, nada más el recuento de los casos que reciben. Debe haber muchos más. En un reporte del 2013, Revelando el Reclutamiento: Fallas Fundamentales en el Programa de Trabajadores Temporales H-2 y Recomendaciones para el Cambio, esta misma organización aseguró que una de cada diez personas trabajadoras migrantes (en 2017 hubo en total 211,577) pagan a un reclutador por un trabajo que no existe.
La maquinaria
El gobierno de los Estados Unidos autoriza empleos temporales para migrantes a petición de las empresas de su país. Son apenas para unos meses: entre tres y nueve. Cada compañía solicita un número de trabajadores y debe cumplir con una serie de requisitos, incluyendo la obtención de una certificación de trabajo temporal. El gobierno permite entonces cierta cantidad de visas H-2, creadas para trabajadores con o sin experiencia (no profesionales y sin un título académico). Así, del lado de las empresas todo queda regulado y claro.
Para los trabajares es todo lo contrario. La información que comparte el gobierno estadounidense sobre las certificaciones H-2 es limitada. Se publica con retraso, en inglés y en un formato poco accesible. “Una persona que busca empleo en los Estados Unidos no tiene forma de saber cuáles son las vacantes disponibles en tiempo real ni los términos de trabajo autorizados”, dice Lilian López Gracian, asesora legal de CDM.
Los empleadores estadounidenses que obtienen la certificación recurren a reclutadores para encontrar a los trabajadores en México y para que los asistan en el trámite de las visas y los arreglos para el transporte a los Estados Unidos. A estos reclutadores no los regula nadie, ni el gobierno de Estados Unidos ni el de México. Como no hay registros ni permisos, las personas que buscan trabajo no tienen otra opción más que confiar.
Algunos de estos reclutadores son agencias; en otros casos son personas que ya han trabajado en empresas en Estados Unidos. Unos sí se llevan a las personas a ofertas verdaderas de trabajo, pero igual les cobran una cuota por ponerlos en la lista de los empleados aceptados por la empresa. En la Sierra de Hidalgo, Javier López asegura que todos los trabajadores le pagan algo al reclutador. La cuota por lo general es de mil pesos.
También hacen negocio con los traslados: cobrándoles el transporte y los alimentos. “Defraudan y abusan de los trabajadores porque pueden hacerlo, como no los regula nadie, no necesitan permisos ni registro, nada, eso genera mucha impunidad”, dice López Gracian.
Alejandra Ancheita, directora de ProDESC, una organización civil dedicada a defender los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, señala que la falta de una intervención institucionalizada del gobierno mexicano en el proceso de reclutamiento para el programa de trabajo temporal abre la oportunidad a agencias y personas para establecer prácticas como las estafas o el cobro ilegal de cuotas.
Con Canadá, Mexico estableció el Programa de Empleo para Trabajadores Agrícolas Temporales (PETAT) y firmó un memorándum de entendimiento donde se acordó que sería el Servicio Nacional de Empleo, a través de sus oficinas en los 32 estados de la República, el encargado de reclutar a los trabajadores mexicanos.
Ante Estados Unidos no existe este mecanismo bilateral. “El gobierno estadounidense se ha negado a aceptarlo. Tienen siempre mucha reticencia a establecer procesos vinculatorios para regular las visas de trabajo”, dice Ancheita. La respuesta de apoyo ha tenido que venir de los trabajadores organizados y de la sociedad civil.
Haciendo el trabajo del gobierno
Javier López es integrante del Comité de Defensa de los Migrantes del CDM, vive en Chapulhuacán, en la sierra de Hidalgo, donde más de 70% de la población está en pobreza moderada o extrema. Se integró con el CDM, en 2003. “A mi hermana la defraudaron. Le dijeron que se la iban a llevar a trabajar a Estados Unidos y nada más le robaron. Perdió 7 mil pesos, que para nosotros es mucho. Después intentaron conmigo, pero no caí. Vi que era un problema grande por acá y como siempre he sido lidercillo, me interesé en buscar cómo frenar los fraudes”.
Las personas empezaron a acercarse buscando orientación y Javier con puro sentido común trataba de ayudar. Fue desarrollando ojo para detectar los engaños. Un conocido le contó del CDM. Al centro, que quería desplegar trabajo de prevención en esta área, le recomendaron buscarlo. Así empezó su activismo.
Antes de 1998, la gente de Chapulhuacán se ocupaba en el campo o en la construcción. No había muchos que quisieran irse. Pero el trabajo en la zona empezó a escasear y la migración se disparó, sobre todo desde el 2000. La gente empezó a irse a Florida, Carolina del Norte, Georgia o Washington; a la pizca del chile, tomate, calabaza, pepino, elote, berenjena, naranja.
Con la migración llegaron los reclutadores y también los fraudes. López cuenta que para hacer las estafas en esta zona entran a la comunidad buscando a un líder. Lo convencen de que la oferta es buena. Le piden que reúna gente. “Las personas caen porque los está invitando alguien conocido. Después los estafadores desaparecen con el dinero y dejan al líder metido en un problema”.
Otra modalidad es que un sujeto llega al lugar y renta una oficina. Monta todo como si fuera formal. A cada interesado en un empleo les piden entre 5 mil y 7 mil pesos. Los traen dándoles largas con que el trámite de la visa está tardando. Cuando juntan 100 gentes que pagaron, cierran todo y desaparecen. En dos casos han llegado hasta el punto de subir a la gente a camiones rumbo a Monterrey. Ya que tiene el dinero de las “cuotas” en sus manos, se bajan con el pretexto de cargar gasolina o comprar algo y dejan a la gente abandonada.
Tan solo este año, Javier López dice que ha parado seis fraudes, que involucraban a 150 personas. “Como ya la gente me ubica, me preguntan, empezamos a buscar información, a buscar datos del reclutador y de la supuesta empresa y detectamos si es una estafa o no”.
Denunciar los fraudes es complicado. Si va solo uno o dos de los afectados, no les hacen caso. “Necesitarían ir todos o muchos, pero es difícil que quieran, no existe la cultura de la denuncia porque no confían en las autoridades”. Por ahora, Javier se apoya en CDM y en la herramienta que la organización ha desarrollado para ayudar a los trabajadores temporales: contratados.orgdonde hay información de empresas y reclutadores y comentarios que las personas dejan sobre un reclutador en específico.
Otra iniciativa de la sociedad civil es la Coalición de Trabajadoras y Trabajadores Migrantes Temporales de Sinaloa. Después de pasar por fraudes, cobro de cuotas ilegales y diversas violaciones a sus derechos humanos mientras llegaban a Estados Unidos y permanecían trabajando allá, un grupo de trabajadores, acompañados por ProDESC creó esta organización, que hoy está conformada por 21 mujeres y 32 hombres de los poblados de Topolobampo, Gabriel Leyva Solano, Los Mochis y Campo pesquero el Colorado, en Sinaloa.
Esta coalición -dice Ancheita, directora de ProDESC- ya logró que se hiciera una inspección a un reclutador fraudulento que solicitaba cuotas. “Se presentó una denuncia penal colectiva y ya se giró la orden de aprensión sobre esta persona que por más de 20 años estuvo defraudando a los trabajadores”. El reclutador está prófugo, pero la orden de aprensión envía un mensaje de freno a tanta impunidad, dice la abogada.
Ademas, la Coalición inauguró el pasado 22 de octubre también con el acompañamiento de ProDESC el Centro de Asistencia, Asesoría y Atención al Trabajador Migrante (CAAATM), en Topolobambo. En esta zona y en las aledañas, las personas suelen migrar a empleos temporales en la industria del pescado y los mariscos, aunque también en la del camote. Los hombres se van a trabajar a los barcos pesqueros y las mujeres a las plantas procesadoras.
Son empleos que dejan secuelas de por vida. En las plantas donde se procesa el cangrejo o el camarón, las mujeres pasan horas y horas lastimándose las manos y los huesos, abriendo y limpiando los mariscos. Olivia Guzman Garfias dice que después de años de trabajar en esa industria, hay muchas noches que el dolor en los dedos de sus manos no la deja dormir.
Juan Francisco Gámez se iba a trabajar en los barcos pescando sardina. Un día tuvo un accidente: una mantaraya le atravesó un costado del cuerpo. “Después de eso ya no volví a ser el mismo. Estuve meses en el hospital. Salí, pero ya no podía trabajar igual. Me dolía todo y quedé muy afectado del riñón. Me indemnizaron, pero me dieron poco y no tengo servicio médico porque no tenía prestaciones”.
María de los Ángeles Soto se empezó a ir a trabajar en las plantas procesadoras de cangrejo en 2005. Estuvo también en las de camote. Recuerda que les cobraban los traslados a Estados Unidos. Le descontaban lo de los uniformes, la comida y la renta en una traila donde vivían hasta 14 mujeres. Cuando había mucho producto, había días en los que trabajaba de 7 de la mañana a tres de la madrugada, sin parar. Solo descansaba los domingos y eso si no la llamaban también ese día para una jornada extra.
Por todas esas violaciones a sus derechos humanos y laborales es que ellos tres y otros compañeros crearon la coalición y están atendiendo en el CAAATM. Este centro ofrecerá servicio de orientación y capacitación diversa, por ejemplo, sobre cómo se abre y se limpia el cangrejo. “Cuando nadie te enseña, te lastimas mucho las manos, acabas con cortadas por todos lados y hasta con fiebre”, dice María.
También van a ofrecer asesoría y acompañamiento para los trámites de las visas y en las dudas que tengan los trabajadores. El centro apenas abrió el 22 de octubre pasado y ya hay mucho movimiento. Olivia cuenta que llegan a preguntarles por las pensiones que desde hace tres años es posible obtener si se ha trabajado durante 10 años en Estados Unidos y se tienen ya 62 años de edad.
“Vienen también a preguntarnos qué hacemos aquí, qué tipo de asesorías damos y cuánto cuestan nuestros servicios. Eso genera mucha inquietud. Pero no, aquí no cobramos, todo es gratuito”. Olivia dice que ya llegó una señora buscando asesoría por un posible fraude. A su hijo le estaban cobrando 25 mil pesos de cuota por llevarlo a trabajar a la cosecha de cereza en Estados Unidos.
“Le preguntamos a la señora que cómo se llamaba el reclutador, para qué empresa trabajaba, y no sabían, ni ella ni su hijo. Se fue al pueblo de donde son a tratar de averiguar y cuando el reclutador supo que estaban indagando, les dijo que quedaba suspendido el proceso, que les avisaba cuando se volviera a reactivar. Creemos que sí era un fraude y el reclutador ya mejor lo dejo ahí. También es que muchos ya saben que andamos aquí dándoles lata”.
Esa lata ha impulsado que las cosas estén mejor para los trabajadores en Topolobambo. “Si no nos organizábamos nosotros nadie nos iba a defender –afirma María–. Ahora ya algunas empresas les pagan el traslado, viáticos. Ya no trabajan hasta 16 horas, y solo dos mujeres viven en las trailas”.
Toca ahora expandir el apoyo. En el CAAAMT están viendo cómo hacer para crear redes de reclutadores que no cobren cuota alguna por llevar a los trabajadores y también quieren conformar una coalición nacional, porque hay otros lugares, dice Maria, como Chiapas “donde están ahorita como nosotros estábamos hace diez años, hay muchas violaciones a los derechos de los compañeros, muchos fraudes, y el gobierno no los para”.
