De La Redacción
Periódico La Jornada
Sábado 20 de octubre de 2018, p. 21
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) expresó ayer preocupación porque el gobierno de México no ha
actuado para castigar a extranjeros que pagan sobornos para obtener beneficios
en el país, aun cuando hace 19 años ratificó una convención anticohecho
impulsada por el organismo.
En un reporte la OCDE apremió a México a dar prioridad
a la lucha contra el cohecho internacional, ya que 19 años después de haber
ratificado la convención en la materia aún no ha procesado un caso relacionado
con el soborno de funcionarios extranjeros. Esto es motivo de preocupación, en
especial por la orientación de la economía mexicana hacia las exportaciones y
porque éstas atañen a sectores considerablemente expuestos a la corrupción,
como los de industrias extractivas (petróleo y minería), manufacturas y
productos agrícolas.
El reporte no hace alusión a un caso en particular,
pero fue publicado en momentos en que México es el único país latinoamericano
donde ningún funcionario ha sido castigado por recibir sobornos que la empresa
brasileña Odebrecht reconoció haber pagado a políticos para obtener beneficios.
México es la decimoprimera economía del mundo y en las
pasadas tres décadas ha logrado hacer grandes cambios estructurales para dejar
de ser un país dependiente del petróleo y convertirse en exportador en el
contexto del tratado comercial de América del Norte, apuntó.
A pesar de esos éxitos el potencial económico de
México se ha visto obstaculizado por desafíos significativos, como el imperio de
la ley y los niveles persistentes de corrupción y delincuencia. Por ejemplo, el
país está clasificado por Transparencia Internacional por tener la percepción
de corrupción más alta de todos los miembros de la OCDE. Además, aunque ahora
se clasifica como nación de ingresos medios-altos, su crecimiento económico no
ha sido lo suficientemente inclusivo para lograr mejores condiciones de vida
para muchos de los 128 millones de ciudadanos, añadió.
El informe destaca varias reformas como resultado de
la enmienda constitucional que estableció el Sistema Nacional Anticorrupción,
las cuales podrían mejorar la aplicación de dicha convención una vez que estén
operando plenamente. Recomienda aplicar con urgencia esas modificaciones, en
particular el nombramiento del fiscal anticorrupción, la designación de
magistrados para el tribunal federal de justicia administrativa y la selección
del fiscal general de conformidad con el nuevo mecanismo constitucional, así
como la puesta en marcha del nuevo Protocolo Anticohecho.
También aconseja asegurar de inmediato los recursos
necesarios para investigar y enjuiciar casos de cohecho internacional, en
particular cuatro procedimientos que siguen abiertos, así como para facilitar a
la fiscalía especial en materia de delitos relacionados con la corrupción y la
persecución de este delito una vez que esté operando.
Planteó reforzar de manera significativa las medidas
de detección de cohecho internacional, lo que incluye identificar el pago de
sobornos encubiertos como gastos deducibles para efectos fiscales; identificar
los fondos procedentes del pago de sobornos mediante el sistema mexicano de
lucha contra el blanqueo de capitales; mejorar el intercambio de información
entre los organismos a cargo de la detección de casos de cohecho internacional
y las autoridades competentes, y aclarar las obligaciones en materia de
notificación y denuncia que incumben a los contralores y auditores que
descubren casos de cohecho global.
