Rúbrica
Los
privilegios de la burocracia electoral
Por
Aurelio Contreras Moreno
Desde hace poco más de un mes, el Instituto
Nacional Electoral desarrolla un proceso para la selección y designación de
consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales en los estados de Aguascalientes,
Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla,
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.
Se trata de espacios que quedaron vacantes en
los OPLES de todas estas entidades por diferentes razones, aunque en la mayoría
de los casos por haber concluido sus periodos como consejeros electorales
quienes fungieron como tales hasta las más recientes elecciones locales.
Desde su desincorporación de la Secretaría de
Gobernación para conformarse, al menos en cuanto a su concepción, como
organismos integrados y dirigidos por ciudadanos, los institutos electorales a
nivel federal y de los estados han pasado por diferentes transformaciones y,
sobre todo, por incontables presiones por parte de los actores políticos de
todos los frentes ideológicos, que los han visto como un botín a conquistar
para favorecer sus particulares intereses.
Debido a ello, los órganos electorales se
fueron “des-ciudadanizando” para convertirse en una especie de agencias de
colocación de alfiles de la clase política, que muchas veces llegaban a ocupar
cargos directivos y como autoridades en la materia sin tener, ni de cerca, un
perfil adecuado para desempeñar esas responsabilidades.
Lo anterior ha sido una constante en Veracruz
los últimos 15 años. Tanto el extinto Instituto Electoral Veracruzano creado en
el sexenio de Miguel Alemán Velasco como el actual OPLE, han sido maniatados
por operadores de los gobiernos estatales, algunos con mayor fuerza y descaro,
como es el caso del tristemente célebre Gabriel Deantes Ramos, que durante la
administración de Javier Duarte de Ochoa hizo del órgano electoral su feudo
personal. Todavía en la actualidad hay consejeros y funcionarios en ese
organismo que responden a sus intereses.
Aunado a ello, paulatinamente se fue creando
una burocracia electoral que tomó a estos organismos como si fueran parte de su
patrimonio particular y que se ha mantenido navegando por años en el océano del
sistema político-electoral del país.
Y eso es precisamente lo que ha salido a
relucir en el actual proceso de renovación de consejeros de los OPLES: tras las
fases de documentación y verificación de requisitos, así como de los exámenes
de conocimientos, prácticamente todos los finalistas son integrantes de la
burocracia electoral, por lo menos en el estado de Veracruz.
En la entidad veracruzana, el único de los más
de 200 aspirantes que pasó a la siguiente etapa y que no trabaja para un
organismo electoral en este momento es el abogado León Vladimir Hernández
Ostos, quien además obtuvo una de las más altas calificaciones en el examen de
conocimientos. Pero todos los demás son empleados vigentes o del OPLE o del INE,
que obviamente conocen el camino y las trampas que hay puestas en el mismo, y que
por ende, tendrán siempre una ventaja sobre quienes verdaderamente provienen de
la sociedad civil.
La ciudadanización de los organismos
electorales que se supone fue el espíritu con el que éstos fueron creados hace más
de 25 años es ahora sólo un membrete más de un sistema que hace mucho se ha
agotado y que sigue secuestrado por la clase política y la burocracia electoral
que intentan, a toda costa, perpetuar los privilegios de los que gozan. Y que
no son poca cosa.
¿Los ciudadanos? Que sigan votando y creyendo
que algo cambian.
Twitter:
@yeyocontreras
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