La iniciativa del diputado Édgar Hugo Fernández se refiere a quienes
ocupen cargos sin reunir los requisitos que establece la ley para desempeñar la
función
Xalapa, Ver.-
Aumentar las sanciones a funcionarios o
funcionarias que cometan el delito de ejercicio indebido del servicio público,
al ocupar cargos sin reunir los requisitos que establece la ley para el
desempeño de la función, propuso el diputado local Édgar Hugo Fernández Bernal,
a través de una reforma al Código Penal del Estado.
El Legislador leyó una Iniciativa que plantea
establecer sanciones de 100 a 300 días de salario mínimo y hasta seis años de
prisión, como medida para inhibir esta conducta: “Para ser congruentes con el
uso del lenguaje incluyente, se propone en el artículo 316 relativo al abandono
de empleo, cargo o comisión, las mismas sanciones para servidoras y servidores
públicos”.
El Código Penal –dijo– establece sanciones para los
servidores públicos que cometan un ejercicio indebido de su función, por
acciones u omisiones que afecten los intereses patrimoniales o los intereses
que los organismos públicos representan, según la materia o el derecho que
protejan.
Manifestó que es el caso de quienes, a sabiendas de
que incumplen los requisitos para desempeñar un cargo, lo aceptan; el de quien
es separado del cargo e indebidamente continúe ejerciendo sus funciones, y
finalmente de quien ejerza funciones que no le corresponden, en virtud del
cargo que ostenta.
Por lo anterior, planteó la necesidad de que
gobernantes y servidores públicos con la facultad de proponer o nombrar a algún
funcionario deban asegurarse, con anticipación, de que el aspirante cumple con
los requisitos que la ley establece para el desempeño de la función.
Édgar Hugo Fernández puso como ejemplo que, para
ser Magistrado Electoral, la ley establece entre otros requisitos acreditar
conocimientos en derecho electoral; no desempeñar ni haber desempeñado el cargo
de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional o equivalente de un partido
político; no haber sido registrado como candidato a algún cargo de elección
popular durante los últimos seis años, y no desempeñar o haber desempeñado
cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal de algún partido
político, durante el mismo lapso.
La intención es que el servidor público que tenga a
su cargo impartir justicia electoral –continuó–, cuente con conocimientos en la
materia, para que sus resoluciones no afecten intereses fundamentales de la
sociedad, como la democracia, y que no tenga vínculo con partido político
alguno, para evitar su eventual subordinación a intereses partidistas y con
ello lesione el interés público y ponga en duda su imparcialidad.
Esta Iniciativa se envió para su análisis y
dictamen a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
