Estos préstamos representan el
30% de la deuda pública externa del país que, por lo tanto, se paga con los
impuestos de los mexicanos.
Tania L. Montalvo (@tanlmont) / Animal Político
Los datos
de los préstamos que obtiene el gobierno federal de Organismos
Financieros Internacionales no se transparentan, pese a que se
trata de recursos públicos y una fuente importante de ingresos de la
administración pública federal.
Estos
préstamos representan actualmente el 30% de la deuda pública externa del
país que, por lo tanto, se paga con los impuestos de los mexicanos. Sin
embargo, el detalle de cómo se usan los recursos, en qué se invierten o los
resultados de su ejercicio no está disponible para los ciudadanos, determinó Fundar.
Centro de Análisis de Investigación tras realizar un diagnóstico sobre la
transparencia de los préstamos para el desarrollo de México.
El Centro
de Estudios se enfocó en 29 préstamos: 14 del Banco Mundial (BM) y 15
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y realizó 147 solicitudes de
información pública dirigidas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y a las secretarías a cargo de implementar los recursos de los
préstamos.
De esas
solicitudes sólo se obtuvo respuesta satisfactoria en 3.4% de los casos, es
decir, en cinco requerimientos de información. En el 51.7% se remitió a los
sitios web de los organismos financieros internacionales, pero ahí no se
encontraron los datos.
El resto
declararon inexistencia de información o que no había injerencia en los
préstamos, pese a que se solicitó los datos a las instancias ejecutoras de los
recursos.
“A pesar
de que el marco normativo que rige dichos préstamos es claro y completo, el
gobierno no lo está cumpliendo cabalmente. La información que brinda la SHCP es
insuficiente, por lo que no es posible conocer datos oportunos y veraces
sobre la actuación gubernamental en este tema, sobre cómo gestiona los
recursos públicos y el impacto de las decisiones que el gobierno toma”,
concluye Fundar.
Actualmente
México ocupa el segundo lugar de los prestatarios del BID, pues
de los préstamos que realiza ese organismo, el 15% o 30 mil millones de dólares
son para el país. En el caso del Banco Mundial, está en el tercer
sitio con el 9.2% de los préstamos o 12 mil millones de dólares.
En
ninguno de los casos existe información pública completa sobre cómo se utilizan
los recursos o los cambios que implica para el desarrollo del país su ejercicio
a través de distintos proyectos, programas o políticas públicas.
Los
recursos que el gobierno mexicano obtiene de organismos financieros
internacionales, detalla Fundar, forman parte de los ingresos públicos y por lo
tanto son parte del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que, en un
debido ejercicio de transparencia, se somete a revisión de la ciudadanía sobre
su ejercicio.
Pero
además, el gobierno mexicano debe preparar reportes sobre la implementación,
seguimiento y evaluación de estos recursos que son entregados a esos organismos
y a los que debería tener acceso la ciudadanía.
“El marco
normativo claramente establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) es la encargada de negociar, autorizar y contratar los
préstamos con los organismos financieros internacionales. Por un lado, la
SHCP es la responsable de supervisar y mantener el registro de los recursos y
de concentrar y publicar la información que las secretarías a cargo de ejecutar
los préstamos le deben brindar periódicamente. Por otro lado, las secretarías
responsables de la ejecución deben informar a la SHCP sobre el ejercicio de
estos recursos. Por lo que, tanto la SHCP, como cada una de las secretarías a
cargo de los proyectos con financiamiento proveniente de OFIs, tienen la
obligación de transparentar dicha información”.
A lo
anterior se suma que tanto el Banco Mundial como el Banco
Interamericano de Desarrollo no están cumpliendo sus Políticas de
Acceso a la Información, pues ellos mismos no tienen disponible información
completa sobre los préstamos a México.
Fundar
realizó 28 solicitudes de información al BM y 45 más al BID y se encontró con
que no respetan los plazos establecidos para entregar datos (por ejemplo, el BM
demoró hasta 80 días hábiles en responder cuando su política establece un
máximo de 20) o sólo los tienen disponibles en inglés (sólo el 47% estaba en
español).