La
lucha contra la corrupción no es un tema electorero ni debe tomarse con
frivolidad; quien diga lo contrario está desconociendo la voz de los ciudadanos
que suena fuerte y reclama justicia.
Castigar
a los que traicionaron la confianza de los veracruzanos es una prioridad en la
que la gran mayoría coincidimos, sin embargo, hay personajes que piensan en esta
lucha como una forma de venganza, pero yo estoy decidido a transformar el
sistema para que todo ciudadano conozca en qué y cómo se emplea su
dinero.
Eliminar
definitivamente la corrupción y el indebido manejo de los recursos públicos,
implica castigar a quienes resulten responsables del desfalco del estado,
metiéndolos a la cárcel, sean peces pequeños o grandes, de cualquier color,
pero además recuperando las cantidades sustraídas de forma indebida para
aliviar la situación del Estado, inhabilitándolos para que no puedan hacer más
daño a Veracruz.
No
obstante, lo más importante, el gran reto, es reformar de fondo nuestra
legislación y nuestra estructura administrativa, generando cambios estratégicos
que empoderen al ciudadano y que signifiquen mayor fiscalización y
transparencia de los fondos del Estado. Se trata de evitar que el abuso del
erario quede impune, pero es aún más importante evitar que se repita.
Mi
compromiso es más trascendente, por eso mi determinación para promover en
Veracruz el empoderamiento de los ciudadanos y los organismos de profesionales,
así como las cámaras empresariales, de acuerdo a su perfil de especialización,
para qué se involucren y participen directamente en la fiscalización y cuidado
de los recursos públicos.
Hay
personas que se preguntan ¿Cómo hacerlo?, seguramente para ellos es un tema
nuevo, y no es con argumentos superfluos ni con objetivos electoreros; de ahí
que he puesto especial atención en este tema y conozco la medicina para este
cáncer social que es la corrupción. Basta citar mi decisión para la aprobación
de la Ley aprobada recientemente en el Senado de la República para regular el
endeudamiento en los estados y municipios del país o mi firme apoyo y promoción
del Sistema Anticorrupción que impulsó el Presidente Enrique Peña Nieto.
También
me permito recordar a muchos que hoy se “rasgan las vestiduras”, que como
diputado local por el PRI me opuse rotundamente a la bursatilización y al
endeudamiento creciente que vivía Veracruz hace unos años; yo me opuse,
mientras que muchos “críticos” que hoy cuestionan, entonces callaban porque así
les convenía.
Estoy
decidido a impulsar acciones concretas tendientes a:
.
Reducir
drásticamente los gastos innecesarios de los altos mandos del gobierno, como
uso automóviles, celulares y gastos de representación con cargo al erario.
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La
conformación de un Consejo Ciudadano para el Combate a la Corrupción formado
por líderes que representen a los distintos sectores de la sociedad civil, a
fin de que participen en la fiscalización de los recursos públicos;
Todo
servidor público, en especial los que manejan recursos deberán presentar su
declaración patrimonial, siendo autentificada y vigilada por la Contraloría
General del Estado y por el Consejo Ciudadano para el Combate a la Corrupción,
cada año;
Convocar
a las asociaciones de Contadores, Ingenieros, Arquitectos, Médicos, Abogados,
Agrónomos, Economistas, etc. y las cámaras empresariales, para que participen
con propuestas concretas y validen quienes deben ocupar los cargos de
fiscalización.
Poner
en operación un 01 800 conectado directamente con la oficina del C. Gobernador,
para recibir denuncias anónimas de casos de corrupción, ya sean detectados por
ciudadano o por los propios funcionarios en cada dependencia.
Crear
la figura del Fiscal Anticorrupción, que será electo por el Consejo Ciudadano
para el Combate a la Corrupción, para que tenga independencia y responda solo
al interés de la sociedad y no de un partido político.
No
permitir que surjan de la nada funcionarios públicos con mansiones y fortunas
adquiridas repentinamente y de forma inexplicable, a partir del inicio de su
encargo público. Todos los funcionarios harán pública su declaración
patrimonial y serán sujetos de escrutinio público permanente. Esta será una
regla inexcusable para todo aquel que quiera participar en el Gobierno de
Veracruz.
Estas
son algunas de las medidas concretas que estamos diseñando para abatir la
corrupción en Veracruz. Se trata en suma de impulsar la participación de toda
la sociedad en el uso y buen cuidado de sus propios recursos. Estoy convencido
de que esta es la mejor forma de hacerlo, porque nadie cuidará mejor del
presupuesto público que la propia comunidad que lo aporta con sus impuestos.
Tenemos
la fórmula y la determinación para acabar definitivamente con la corrupción. No
soy un improvisado en el tema y la crítica constructiva siempre será bienvenida,
sin embargo, la crítica insana, esa que surge de los mismos intereses
convenencieros de siempre no me interesa ni me quita el sueño porque se bien
que responde a intereses personales o de grupo.
Toda mi
vida he sido un hombre austero, quienes me conocen saben de mi desapego a las
cosas materiales. Siempre he tenido la convicción de que un ser humano es
valioso por sus ideas y sus acciones no por lo que tiene; por eso estoy en
contra de los ostentosos dentro del servicio público, porque generan la duda en
los ciudadanos de la procedencia de sus bienes. Yo tengo las manos y la
conciencia limpia y a si seguiré, porque es el ejemplo que me dieron mis padres
y ese mismo quiero legar a mis hijos.
Abatir
la corrupción no debe implicar venganza sino justicia, y la justicia debe ser
igual para todos. Se trata de castigar a los que se les comprueben malos
manejos del presupuesto público aplicando la ley con todo su peso en todos los
casos por igual. La corrupción no es un privativa de un partido, lamentablemente,
es un mal endémico en México. En todos los partidos políticos hay gente
honesta, de buena fe y responsable, pero asimismo, en todos lados existen
personas corruptas, que han abusado de su cargo traicionando la confianza de
los veracruzanos.
Por eso
es mi prioridad que se castigue con la ley pero también con la condena pública
a los corruptos sin distinción de colores y, ¿por qué no?, también premiar con
el reconocimiento público a aquellos servidores públicos honestos y
responsables que aporten su dedicación al bienestar de nuestro Estado y
municipios.
