Por José Antonio Román/ La Jornada
México, DF. Los militares que actuaron en el
caso de Tlatlaya, donde murieron 22 personas civiles, tenían la orden expresa y
por escrito de "abatir", aseguró el Centro Pro de Derechos Humanos,
quien hizo pública la orden de relevo y designación del teniente que iba al
mando del grupo castrense.
Al presentar el informe "Tlatlaya a un año: la orden fue abatir", se señala la necesidad de investigar la responsabilidad institucional del Ejército, que inicia con los militares directamente involucrados, pero que llega al mismo secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos.
Al presentar el informe "Tlatlaya a un año: la orden fue abatir", se señala la necesidad de investigar la responsabilidad institucional del Ejército, que inicia con los militares directamente involucrados, pero que llega al mismo secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos.
En la conferencia de prensa, convocada para dar a conocer dicho informe,
también se presentó, por primera vez en público, la señora Clara Gómez
González, la testigo sobreviviente conocida como Julia, y cuyo
testimonio fue crucial para conocer la masacre cometida en Tlatlaya, Estado de
México.
Durante la presentación del informe, se enfatizó
que esto confirma una vez más la profunda crisis de derechos humanos que vive
México, pues documenta órdenes militares inconstitucionales que propician
violaciones a derechos humanos, como la orden de relevo y designación de mando
del teniente involucrado en los hechos.
Esta orden instruye al 102 Batallón de Infantería
de la 22 zona militar así: “Las tropas deberán operar en la noche en forma
masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas
de oscuridad”.
El director del Centro Pro de Derechos Humanos,
Mario Patrón informó que esta orden fue obtenida legalmente mediante un proceso
jurisdiccional iniciado contra la opacidad castrense. Agregó que la orden
confirma la necesidad de que efectivamente se investigue la responsabilidad de
los superiores jerárquicos en los hechos, en razón de la cadena de mando que
prevalece en las fuerzas castrenses.
“Por ello el esclarecimiento del caso Tlatlaya
demanda que por primera vez se investigue en México con eficacia y debida
diligencia la cadena militar de mando hasta sus últimas consecuencias”, dijo.
En tanto, la señora Clara Gómez, que es
representada legalmente por el Centro Pro de Derechos Humanos, se quejó del
“manejo irresponsable” en torno a la información que se ha dado por las
dependencias estatales y que la ubican a ella como una de las de las personas
que ha recibido una millonaria indemnización, lo cual desmintió tajantemente.
Dijo que esta información la pone en un mayor
estado de vulnerabilidad, por lo que responsabilizó a las autoridades del
gobierno federal y del estado de México de cualquier afectación a su integridad
física.
Acompañada por varios directivos del Centro Pro y
varios representantes de diversas organizaciones de derechos humanos, la señora
Gómez, identificada hasta ahora solamente como la testigo Julia, reivindicó
la memoria de su hija Ericka, adolescente de quince años de edad que fue
privada de la vida en los hechos de Tlatlaya, y quien no ha sido considerada
víctima, pese a que los indicios de que la evidencia fue manipulada.
El informe del Centro Pro, dado a conocer en este
primer de la masacre de Tlatlaya, incluye once recomendaciones para que se
garantice justicia y verdad en los hechos ocurridos en la bodega en la comunidad
El Limón, de ese municipio mexiquense.
Entre esas recomendaciones se encuentra la
solicitud a la CNDH, para que dicte medidas cautelares e instruya a la Sedena
para que evita órdenes como la de Tlatlaya.
