La poca inversión que hace México en los niños y jóvenes tiene relación directa con la estadística de pobreza. Foto Roberto García |
Ciudad de México.- Los recursos públicos que México aplica para niños y adolescentes equivalen a 3.9 por ciento del producto interno bruto (PIB), cifra menor al que destinan 10 naciones de América Latina, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Incluso Honduras gasta más que México en su infancia (6.9 por ciento que su PIB) y Argentina lo duplica porque aplica un 9 por ciento. La inversión en los menores de 18 años resulta fundamental para reducir la pobreza y alcanzar un desarrollo inclusivo y sostenible, sobre todo porque 4 de cada 10 niños y adolescentes en la región son pobres, el doble respecto a los 2 adultos de cada decena que sobreviven en la misma situación, ponderó el organismo.
“La pobreza en la infancia es especialmente crítica por el mayor nivel de dependencia, la falta de autonomía y la elevada vulnerabilidad de los niños y niñas. El 41.3 por ciento de los niños, niñas y adolescentes vivían en situación de pobreza monetaria en 2016 – último año comparable para las 17 naciones analizadas-- , proporción bastante más elevada que la que afecta a la población adulta (22.3 por ciento). En números absolutos, sumaban 72 millones 300 mil niños, niñas y adolescentes”, precisó en el estudio Las prestaciones familiares públicas en América Latina que publicó recientemente con la Unicef.
Al hacer un análisis de las transferencias monetarias y las prestaciones de bienes y servicios para familias que tienen menores de edad así como diversas investigaciones al respecto, la Cepal encontró que las menores tasas de pobreza infantil en la región se registran en los países que destinan más recursos para políticas públicas dirigidas a la infancia. Los recursos públicos considerados abarcan desde programas de protección y cuidado infantil y transferencias condicionadas de dinero, hasta gasto en educación.
En el gasto público para prestaciones familiares, México aplicó apenas 1.04 por ciento del PIB, uno de los porcentajes más bajos entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuyo promedio se ubicó en 2.43 por ciento del PIB. En los países europeos tal gasto es de 2.76 por ciento y en Chile, también integrante de la OCDE, es de 1.42 por ciento.
Otro aspecto evaluado en el estudio es la duración de las licencias maternal y paternal, en conjunto, donde nuevamente México ocupa uno de los últimos lugares de la región con 12 semanas por debajo de las “al menos 14 semanas” establecidas en el convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En cambio en El Salvador, Brasil, Costa Rica, Colombia, Paraguay, Uruguay y Chile esta prestación supera las 15 semanas y en el caso de los dos últimos países mencionados llega a 32 y 36 semanas, respectivamente. A los padres sólo les dan 5 días de licencia por paternidad en Mexico, cuando en Paraguay son 14 días, en Uruguay 13 y en Ecuador 10.
El gasto público por esas licencias representó 0.03 por ciento del PIB para México, la mitad respecto al promedio de 0.6 por ciento de América Latina y casi la décima parte del 0.28 por ciento que representa en Chile.
En cuanto al gasto en transferencias condicionadas, el gasto en México es del 0.2 por ciento del PIB, en Argentina y Brasil llegan al 0.6 y 0.5 por ciento.