Diputados
federales impulsarán medidas para transparentar el manejo de los préstamos
Ivonne Melgar y Adriana Luna
CIUDAD
DE MÉXICO, 12 de enero.- Los diputados federales
del PAN anunciaron su rechazo a que la Federación asuma el pago de la deuda
pública que contraten las entidades federativas y los municipios.
En la construcción de su postura sobre la futura ley de responsabilidad
hacendaria, que presentará en la Cámara de Diputados, el PAN propondrá diversos
candados para la contratación y manejo de la deuda de los gobiernos locales.
Defenderán la idea de que para obtener préstamos se requerirá la
autorización de los congresos estatales con las dos terceras partes de sus
integrantes.
De acuerdo con los diputados panistas —cuya fracción parlamentaria es la que
más recursos ha presentado en esta legislatura sobre la materia— las deudas no
podrán exceder el 0.5% del PIB estatal del ejercicio correspondiente.
Para conseguir la aprobación de la deuda que pretenden, los estados deberán
presentar planes de amortización para el pago de intereses y etiquetar el
destino de esos recursos para evitar que sean usados en el gasto corriente o en
operaciones ordinarias.
En materia de transparencia, el diputado José Guillermo Anaya Llamas dijo
que pretenden que los gobernantes tengan un registro de los préstamos, cuya
situación sea actualizada cada mes.
El panista Omar Antonio Borboa Becerra señaló que en la ley también deberá
quedar estipulado que ningún mandatario podrá contratar deuda durante su último
semestre de gobierno.
Buscan más candados a deuda
Al discutir la futura ley de responsabilidad hacendaria, el PAN se
pronunciará en la Cámara de Diputados por el rechazo a que la Federación asuma
el pago de la deuda pública que contraten estados y municipios.
En el debate que se avecina sobre la materia, los panistas defenderán la
idea de que para contratar empréstitos locales, se requerirá la autorización de
los Congresos estatales con la dos terceras partes de sus integrantes.
De acuerdo con el PAN, cuya fracción es la que más recursos legislativos ha
presentado en la materia en lo que va de la presente Legislatura, las deudas no
podrán exceder el 0.5 por ciento del PIB estatal del ejercicio correspondiente,
y para su aval, los solicitantes deberán presentar planes de amortización para
el pago de intereses y etiquetar el destino de los recursos para que no se
apliquen en gasto corriente ni en operaciones ordinarias del presupuesto
público.
Al pronunciarse por una legislación que evite la quiebra de los estados a
causa de las deudas, el diputado José Guillermo Anaya Llamas planteó la
necesidad de establecer un registro de los préstamos hechos por los gobiernos
locales, mismo que debería actualizarse cada mes.
De acuerdo con la propuesta del legislador del PAN, “los ejecutivos de los
estados y los municipios informarán del ejercicio de la deuda al rendir la
Cuenta Pública y serán responsables de la contratación y administración de
estos recursos”.
Para Anaya Llamas resulta fundamental que en la futura reforma se establezca
que “por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia la Federación asumirá el
pago de la deuda pública que contraten los estados y los municipios”.
También del PAN, el diputado Omar Antonio Borboa Becerra se manifestó por
una reforma que evite que los gobiernos de los municipios contraigan deudas que
rebasen su capacidad de pago o pongan en riesgo sus finanzas públicas. Para tal
efecto, propuso que en la ley quede estipulado que no podrán contraerlas
durante los últimos seis meses de gestión, “excepto en casos de emergencias
relacionadas por contingencias climatológicas y de salud pública”.
De acuerdo con la fracción blanquiazul, para lograr el equilibrio
financiero, al solicitar los préstamos, al menos 30 por ciento de las
obligaciones contraídas deberá respaldarse con contribuciones propias de los
estados y municipios.
La propuesta de Acción Nacional se sustenta en un diagnóstico que señala que
el problema de la deuda se disparó en casi 200 por ciento (199.1 por ciento) en
tres años y medio, de diciembre de 2008 a junio de 2012.
Al mostrar la peligrosa evolución del endeudamiento estatal y local, los
panistas destacan que mientras en 1993 los préstamos locales sumaban 18 mil
278.2 millones de pesos, a mediados de 2012 se había elevado a 404 mil 409.5
millones.
La transparencia en el manejo de esos recursos es otro punto que los
panistas buscan abordar en la futura reforma. Al respecto, la diputada Mariana
Dunyaska García Rojas advirtió que insistirá en la medida, desechada hasta
ahora, de solicitar a la Auditoría Superior de la Federación toda la
información sobre la deuda pública de los estados y municipios, reporte que el
Legislativo debería revisar trimestralmente.
Deuda per cápita
Al argumentar que el monto total contratado por los gobiernos estatales en
los últimos cuatro años representa un promedio de deuda pública per cápita de
tres mil 524 pesos, la legisladora advirtió que las obligaciones financieras
garantizadas con participaciones federales pueden poner en riesgo las finanzas
públicas de estados y municipios, cuando no existe un control adecuado de las
tasas de interés, cuyos volúmenes resultan impagables.
Detalló García Rojas que del monto total de deuda, 322 mil 950.6 millones de
pesos fueron contratados por los gobiernos estatales, 30 mil 570.3 millones por
los organismos estatales, 44 mil 859.2 millones por los municipios y seis mil
029.4 millones por los organismos municipales.
Otra fuerza política que ya fijó postura sobre el tema es Movimiento
Ciudadano, el cual propone facultar a la Cámara de Diputados para aprobar la
contratación de empréstitos o créditos a los estados.
Ricardo Monreal, coordinador de la fracción, habló de la urgencia de
establecer en la ley que las entidades y los municipios deberán publicar el
último día de cada mes su información con respecto a los registros de su deuda;
incluyendo los montos reales, intereses, condiciones de contratación, préstamos
a corto plazo contraídos con la banca comercial y déficit actuariales de
sistemas de pensiones locales y de instituciones estatales de educación
superior.
El diputado Víctor Manuel Jorrín Lozano se pronunció en favor de que los
montos de los subejercicios se canalicen para alivar las deudas de municipios
que “acrediten estar en bancarrota, priorizando aquellos cuya relevancia
turística nacional les otorga el carácter de urgente”.
Monreal también propuso legislar sobre los límites que los gobernadores y
alcalces tendrán para solicitar deudas, toda vez que éstas aumentan al cierre
de sus gestiones, “teniendo casos donde las deudas han aumentado entre 200 y
900 por ciento, en casos concretos”.
Califican de cochinero deuda de
Jalisco
El boquete financiero que Jalisco arrastra por los Juegos
Panamericanos asciende a tres mil 200 millones de pesos y se podría caer en
cartera vencida el 21 de enero si no se paga el crédito quirografario de mil
400 millones de pesos.
“Estamos hablando que hay deuda adicional que no está conocida de manera
plena, esto es grave. Son pasivos a corto plazo que se deben pagar. Esto es un
cochinero”, lamentó el coordinador del PRI en el Congreso, Miguel Castro
Reynoso.
En tanto el secretario de Finanzas de Jalisco, Martín Mendoza López, aseguró
que se tuvo que tomar dinero de distintas partidas para salir adelante con el
compromiso de los Panamericanos porque no se contó con el apoyo federal que se
había prometido.
Tan solo en la administración como gobernador de Emilio González la deuda
estatal pasó de cuatro mil a 15 mil millones de pesos. Los pasivos directos
ascienden a 15 mil 676 millones de pesos, pero con la deuda indirecta de
municipios y organismos municipales se dispara a 26 mil 199 millones de pesos.
En el Congreso jalisciense los diputados acordaron citar al secretario de
Finanzas para que proporcione un informe detallado de la deuda: “Se exigirá
transparencia, de qué naturaleza son los adeudos, en dónde están, a quién se le
debe, por qué se debe tanto”, adelantó a Excélsior Miguel
Castro.
Jalisco estaría prácticamente contra la pared, el gobernador González
Márquez envió a contrarreloj su iniciativa para reestructurar el crédito
bancario (su administración termina en 47 días) y la crisis pone en gran riesgo
a los gobiernos municipales.
“¿Qué es lo que puede provocar? Que los municipios no tengan recursos de las
participaciones federales que el gobierno del Estado tiene que entregar y luego
esto generaría un problema mayúsculo y una situación de crisis en los estados,
en los municipios, alzas en las tasas de interés, mantener la baja en la
calificación crediticia, sería prácticamente un problema muy grave”, abundó el
priista.
El también legislador priista Salvador Rizo afirmó que si no se aprueba a la
brevedad un crédito para resolver el problema financiero implicaría un grave
perjuicio a la entidad federativa.
