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No establece la
jerarquización de políticas y programas.
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Implícitamente, la
propuesta es una crítica a la política impulsada en los últimos gobiernos y en
el que inicia.
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Entre los 400
municipios identificados por los índices de pobreza, menciona algunos que hace pocos
años tenían las mejores expectativas. ¿Qué se hizo para llegar a esa situación?
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Apenas menciona la
necesidad de mejorar los ingresos rurales; no menciona al empleo y los salarios
urbanos.
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No se atacan las
causas, no se busca terminar con el problema.
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Se debe convocar a
la sociedad civil y a las universidades públicas a participar, como condición
para impulsar el programa
Ya se anticipaba
que el programa contra el hambre tendría limitaciones, por la precipitación de
presentarlo en un corto plazo, sin convocar a las organizaciones civiles, a las
universidades y a los expertos que pudieran aportar elementos para un programa
mejor diseñado. El problema está en que se quedó demasiado lejos de la magnitud
del problema que se pretende resolver, en la premura dejan de lado que, según el
propio diagnóstico de la Sedesol los mexicanos en pobreza extrema suman 5.5
millones en el ámbito urbano y 6.3 en el
ámbito rural.
También deja de
lado que en realidad la población con carencias por acceso a la alimentación
suman 19.6 millones en la zonas urbanas y 8.8 millones en las áreas rurales.
En el anuncio que
se hizo ayer y en el Decreto que se publicó este día, no hay ningún elemento
que permita suponer que habrá correcciones en las políticas públicas aplicadas
en los últimos años, las cuales han provocado millones de pobres en el campo y
la ciudad. No hay menciones al crecimiento de la economía, como condición
básica para evitar que más mexicanos lleguen a situación de pobreza.
En los transitorios
del Decreto se establece un plazo de treinta días naturales para la primera
reunión de la Comisión Intersecretarial y para que la Sedesol expida los
lineamientos para la organización y funcionamiento del Consejo Nacional contra
el Hambre. El problema está en que eso plazos dejan la posibilidad de que la
Comisión y el Consejo discutan los cambios que se requieren en las reglas de
operación, para promover la producción y el ingreso de los pequeños productores
agrícolas o para asegurar que las disposiciones para proveer alimentos a la
población objetivo, se convierta en una demanda que beneficie a esos
productores. De hecho, el presupuesto del Programa Especial Concurrente
aprobado por los Diputados fue inercial en el sentido de destinar el 80% de los
recursos a los productores más ricos y sólo 20% a los más pobres.
De hecho, El Barzón insiste en la necesidad de consolidar
en una sola empresa a Liconsa y Diconsa, de modo que, además de desarrollar
capacidad para atender a la población objetivo de la Cruzada, también tengan
capacidad para suministrar alimentos para los desayunos y la atención que
proporciona el DIF, así como a las instituciones públicas de Seguridad, Salud y
Educación, generando una demanda que
permita regular el mercado de alimentos básicos que define la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable: maíz; caña de azúcar; frijol; trigo; arroz; sorgo; café;
huevo; leche; carne de bovinos, porcinos, aves; y pescado.
Como lo señalamos antes, atender de esa forma la demanda
de alimentos generada por las instituciones y los programas públicos permitiría
satisfacer las necesidades de la emergencia por el hambre y, también, elevar la
producción y los ingresos de los pequeños productores.
En la cruzada se
establecen 400 municipios para comenzar a aplicar el programa, y se estima que al
final debe beneficiar a 7.4 millones. No establece plazos y tampoco define las
causas de la pobreza y cómo eliminarlas. Curiosamente, muchos de los municipios
incluidos entre los 400, son aquéllos que no hace mucho tenían los mayores
niveles de ingresos y atraían importantes flujos de migrantes y tenían
expectativas de crecimiento. Hoy tienen zonas depauperadas, sin generación de
empleos, asentamientos urbanos desordenados y nula atención a las familias y
jóvenes, convirtiéndose en peligrosos núcleos de delincuencia. ¿Qué respuesta
se va a dar a eso?
Además, muchos de
esos municipios que no atendieron sus necesidades sociales coinciden con los
que ocupan las listas entre los más endeudados. ¿Seguirá la impunidad contra
eso?
El programa tampoco
establece las líneas de coordinación con las entidades responsables de regular
el financiamiento y las políticas arancelarias, Hacienda y Economía. En los
últimos años, la primera dejó sin crédito a los pequeños productores y la
segunda impuso una terrible competencia desleal, abriendo cupos de importación en
tiempos de cosecha, para beneficiar a los grandes intermediarios.
Por supuesto, la Cruzada contra el Hambre
requiere asumir las observaciones de los expertos mexicanos, retomar las
experiencias y la producción de indicadores, como el de tallas y pesos,
absurdamente abandonado en las últimas administraciones. Y por supuesto, urge
garantizar la vigilancia de la sociedad, para obligar a corregir y dar rumbo al
programa, para evitar el clientelismo y la intromisión de los grandes
monopolios.
Urge establecer el combate a la pobreza y el
hambre como una prioridad que lleve a establecer la coordinación de todas las
secretarías, jerarquizando una política común encabezada por la Secretaría de
Desarrollo Social.
De otra manera, el programa apenas anunciado
será uno de tantos, un barril sin fondo, sin resultados en un entorno en el que
los problemas crecen.
