 |
| Foto/AP |
Boulder, Colorado, 6 de octubre . — La mexicana Irma Carrillo perdió a
sus dos hijos hace casi 20 años y desde entonces no ha parado de buscarlos. La
hondureña Jesús Reyes vive un infierno similar en busca de su única hija. Ambas
temen que entre los miles de restos de migrantes sin nombre que se acumulan en
distintos puntos de la frontera sur de Estados Unidos puedan estar sus seres
queridos.
Las dos
madres, respaldadas por más de 40 organizaciones sociales, oficiales y
académicas latinoamericanas y estadounidenses, pidieron a Estados Unidos
durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en
Colorado que permitan un cruce masivo de la información genética que tienen
porque eso podría llevar a la identificación de sus hijos y de miles de
migrantes desaparecidos más.
“Ustedes
tienen la facultad, tienen el poder, necesitamos que el ADN que nos sacaron en
Honduras, en el banco forense, pueda ser [comparado] con los restos en Estados
Unidos para saber si nuestros familiares están ahí o si están vivos”, suplicó
Reyes mientras mostraba una foto de su hija.
La petición
se abordó por primera vez en el seno de la Comisión, un organismo que forma
parte de la Organización de Estados Americanos.
En la
última década, diversos colectivos han puesto en marcha iniciativas conjuntas
para localizar e identificar a migrantes desaparecidos y cuentan con datos
genéticos de más de 4.000 personas. Por su parte, las autoridades de Estados
Unidos llevan años negándose a permitir una comparación masiva con su principal
base de datos de ADN, en poder del FBI, con el argumento de que las leyes se lo
impiden.
“No creo
que haya ninguna discrepancia sobre lo que hay que hacer”, contestó a las
madres la representante del FBI en la audiencia, la abogada Paula Wolff. “El
único problema es determinar cómo se puede lograr”.
Según
Wolff, el FBI está limitado a la hora de compartir sus datos por las
directrices de una ley de 1994. Solo puede hacerlo con entidades de justicia
criminal, no con laboratorios privados --que son con los que trabajan los
colectivos-- ni con ONGs, y solo acepta para comparaciones muestras de ADN
tomadas en presencia de un policía, algo que muchas veces no es posible, bien
porque eso intimida a los migrantes o porque en algunos países no se fían de
sus autoridades.
“Hay
soluciones”, garantizó Roxanna Altholz, directora del departamento de Derechos
Humanos de la Universidad de Berkeley (California). “Lo que nos está impidiendo
atajar la angustia y la preocupación de miles [de familias de migrantes
desaparecidos] es la burocracia federal (...) y la falta voluntad política”.
“No hay
razón legal ni técnica” para no hacerlo, afirmó más tarde durante la audiencia.
Los
colectivos aseguraron que ha habido cruces puntuales de información genética
con el FBI, lo que a su juicio demuestra que la negativa estadounidense es
política, pero la comparación caso por caso, según explicó la antropóloga
forense estadounidense Kate Spradley, que trabaja en Texas, es “anticuada,
costosa e ineficaz”.
Sin
pronunciarse sobre cuáles de los obstáculos actuales son legales y cuales
políticos, la representante del FBI sí dijo que estos últimos se pueden
modificar, con lo que dejó entrever que podría haber cierto margen de maniobra.
La
comisionada Margarette May Macaulay, quien presidió la audiencia, ofreció la
mediación de la CIDH para facilitar el entendimiento. “Tengo fe en que
intentarán trabajar para solucionar esta indignante situación y para dar paz a
esta gente”.
Otro
miembro de la Comisión, Antonia Urrejola, solicitó información a Estados Unidos
sobre supuestas prácticas de autoridades de Texas que “se deshacen de los
cuerpos sin debida identificación previa” e incluso los creman pero los
funcionarios dijeron que responderían por escrito a todas las preguntas
formuladas.
El mayor
esfuerzo para la identificación de migrantes desaparecidos en la región, según
el Comité Internacional de la Cruz Roja, es el denominado Proyecto Frontera,
cofundado por el Equipo Argentino de Antropología Forense y en el que
participan actores gubernamentales y no gubernamentales de EEUU, México,
Honduras, El Salvador y Guatemala. Este proyecto ha recopilado más de 3.000
perfiles genéticos y ha conseguido identificar a más de 180 migrantes.
Bruce
Anderson, quien dijo haber trabajado para el gobierno durante 25 años y el
viernes formaba parte de los expertos forenses que pidió el cruce masivo de
datos, recordó a las autoridades que ellas solas no lo pueden hacer todo y que
“se requiere la labor de las ONG” para complementar su trabajo. Puso como
ejemplo la morgue del condado de Pima, en Arizona, que ha logrado más
identificaciones conjuntas con ONGs que son entidades oficiales.
Sin
embargo, la falta de recursos, la mala gestión de los restos en algunos lugares
y, sobre todo, la falta de un mecanismo formal transnacional que coordine a
actores oficiales y no oficiales hace que el proceso sea muy lento y tedioso
para los familiares.
El caso de
Ana Concepción Ortiz es un ejemplo. Salió de El Salvador en 2006 hacia Nueva
York y se perdió en Texas. Su cuerpo fue encontrado cinco años y medio después.
Su identidad se determinó pasados otros cuatro años en los que “estuvieron
recopilando cada pieza del cuerpo de ella porque estaba entre 500 esqueletos
humanos”, explicó a AP su marido, Santos Pastor Paulino. Once años y medio
después de su partida, lograron enterrarla y que descansara en su tierra natal.
Miles de
familias no tienen esa suerte, como las dos madres que consiguieron llegar a
Colorado para intentar sensibilizar a las autoridades.
“Una
solución puede cambiar el destino de mi vida”, dijo la mexicana Irma Carrillo,
llorando después de haber hablado en privado con el embajador permanente de
Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo. “Solo queremos saber qué
pasó con ellos”.
