El texto rechazado habría legalizado el aborto, adoptado la atención médica universal y consagrado más de 100 derechos constitucionales, un récord mundial.
SANTIAGO — Durante los últimos tres años, los chilenos han luchado por trazar un nuevo rumbo para su país con una nueva Constitución, escrita desde cero, que habría transformado su sociedad y otorgado más derechos que cualquier otro documento fundacional anterior.
El domingo, los votantes rechazaron ese documento de manera abrumadora.
Los cambios propuestos querían convertir uno de los países más conservadores de América Latina en una de las sociedades más orientadas a la izquierda del mundo, pero los chilenos decidieron que esa propuesta iba demasiado lejos.
Con prácticamente todos los votos contados, el 62 por ciento de los electores rechazó la propuesta.
El rechazo enfático fue un final abrupto a un proceso largo y por momentos doloroso que prometía una revolución política para el país sudamericano de 19 millones de habitantes, y que, en cambio, deja a Chile como un país profundamente dividido sobre su futuro.
Por ahora, Chile conservará el mismo sistema de leyes con raíces en la cruel dictadura del general Augusto Pinochet, quien gobernó de 1973 a 1990.
La pregunta ahora es qué sigue.
En un mensaje a la nación la noche del domingo, el presidente Gabriel Boric dijo que, a partir del lunes se reuniría con los líderes del Congreso para empezar un nuevo proceso de cara a la reescritura de la constitución.
“Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos”, dijo Boric, un líder de izquierda que apostaba a que la nueva Constitución le permitiera llevar a cabo su visión de país.
“Como presidente de la república, recojo con mucha humildad este mensaje” añadió. “Hay que escuchar la voz del pueblo”.
La decisión de Chile de sustituir la constitución comenzó en 2019, con las protestas en todo el país impulsadas inicialmente por un aumento de 4 centavos de dólar en las tarifas del metro. Los disturbios dejaron un saldo de 30 muertos.
Después de la violencia, los líderes políticos acordaron que someterían a la Constitución del país a un plebiscito y, en 2020, casi cuatro de cada cinco chilenos votaron a favor de reemplazarla.
Pero la visión transformadora presentada por la Convención Constitucional, integrada por 154 constituyentes electos, muchos de los cuales no pertenecían a la política tradicional, resultó ser una reforma demasiado drástica.
Ahora, la clase política de Chile deberá decidir cuáles son los pasos a seguir; parecía que el amplio rechazo del domingo le había otorgado el control a los conservadores del país.
“No cabe duda que la Constitución de 1980 ya murió”, dijo la senadora de izquierda Isabel Allende, hija del expresidente socialista Salvador Allende, muerto en 1973 al suicidarse cuando el golpe militar de Pinochet se acercaba al palacio presidencial.
“La derecha se ha comprometido a que, en caso de ganar el rechazo, habrá una nueva constitución”, añadió, “y ojalá cumpla su compromiso”.
Ximena Rincón, una senadora centrista que ayudó a liderar la campaña por el rechazo dijo en un discurso a sus seguidores: “Tenemos una nueva oportunidad, y no la podemos desaprovechar”.
La votación del domingo fue un revés importante para Boric, un exlíder de las protestas estudiantiles, quien con 36 años asumió el cargo en marzo. En medio del aumento de la inflación y la delincuencia, se enfrentó muy pronto a la caída de sus índices de aprobación, y apostaba a que la nueva Constitución le permitiría ejecutar su visión izquierdista del país. Ahora, sin embargo, es probable que gran parte de su mandato quede sumido en más enfrentamientos políticos sobre el futuro constitucional del país.
Los votantes chilenos rechazaron una propuesta de 170 páginas y 388 artículos que habría legalizado el aborto, instaurado la atención médica universal, exigido paridad de género en el gobierno, otorgado mayor autonomía a los pueblos indígenas, empoderado a los sindicatos, fortalecido las regulaciones sobre la minería y brindado derechos a la naturaleza y los animales.
La carta magna propuesta habría consagrado más de 100 derechos, más que cualquier otra constitución en el mundo, entre ellos, el derecho a la vivienda, la educación, el aire limpio, el agua, la alimentación, la salud, el acceso a internet, las prestaciones de jubilación, la asesoría legal gratuita y los cuidados “desde el nacimiento hasta la muerte”.
Y habría eliminado el Senado, fortalecido los gobiernos regionales y permitido que los presidentes chilenos se postularan por un segundo mandato consecutivo.
El texto incluía compromisos para luchar contra el cambio climático y proteger el derecho de los chilenos a elegir su propia identidad “en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidades y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas”.
La ambición de la propuesta constitucional, y su inclinación decididamente de izquierda, desanimó a muchos chilenos, incluidos muchos de los que habían votado a favor de reemplazar la carta magna actual. Hubo una incertidumbre generalizada sobre sus implicaciones y costos, incertidumbre en parte alimentada por información engañosa: se afirmó que el documento habría prohibido la propiedad de vivienda y que el aborto sería legal en el noveno mes de embarazo.
Los economistas estimaron que los cambios propuestos costarían del 9 al 14 por ciento de los 317.000 millones del producto interno bruto de Chile. Por mucho tiempo, el país ha sido uno de los países con menor gasto relativo en servicios públicos entre las principales democracias.
Muchos votantes se oponían particularmente a la definición de Chile como un Estado “plurinacional”. Esto significaba que 11 pueblos indígenas, que representan casi el 13 por ciento de la población, podrían haber sido reconocidos como naciones autónomas dentro del país, con sus propias estructuras de gobierno y sistemas judiciales. La propuesta se convirtió en una pieza clave de la campaña para rechazar la carta magna.
Las cinco regiones donde la propuesta constitucional fue rechazada de manera más contundente se encuentran en el sur, donde el conflicto violento entre la industria maderera y los activistas indígenas ha durado años.
“Estoy con harta tristeza, con mucha pena”, dijo Elizabeth Painemal Rain, orfebre y líder comunitaria del grupo indígena mapuche en Nueva Imperial, una localidad pequeña al sur del país. “Tiene que haber un cambio”, dijo. “Pero el cambio no va a ser como queríamos, como en un comienzo se estableció“.
Muchos chilenos también habían mostrado inquietud por la Convención Constitucional que redactó la propuesta, en particular sus miembros más izquierdistas.
Tras el plebiscito constitucional de 2020, los chilenos eligieron a más de 150 personas para redactar el nuevo sistema de leyes. Los candidatos independientes ganaron más de la mitad de los escaños, entre ellos, abogados, académicos, periodistas, dos actores, un dentista, un mecánico, un maestro ajedrecista y un grupo de activistas de izquierda, incluida una que se hizo famosa por protestar con un disfraz de Pikachu. Diecisiete escaños fueron para personas indígenas.
Los candidatos de izquierda, que obtuvieron más de dos tercios de los escaños, tomaron el control total del proceso; no necesitaron ni un solo voto de los miembros conservadores de la convención para aprobar adiciones a la propuesta.
Como resultado, dijo Ricardo Lagos, el presidente de centroizquierda de Chile de 2000 a 2006, la propuesta era “extremadamente partidista”.
Pero fue el comportamiento, muy difundido, de algunos de los constituyentes lo que podría haber ahuyentado aún más a los chilenos. Se dio a conocer que un miembro de la convención estaba fingiendo un diagnóstico de cáncer que había utilizado en su campaña electoral. Otro constituyente tomó una ducha con la cámara encendida durante una votación remota.
Patricio Fernández, un escritor de izquierda que fue miembro de la convención, dijo que lamentaba que esas noticias pudieran haber ayudado a perjudicar una oportunidad histórica para su país.
“Estoy muy lejos de creer que esta sea una propuesta perfecta”, dijo antes de la votación. “Pero es un acuerdo democrático que incorporó muchas voces que históricamente en Chile habían estado marginadas o que no habían sido atendidas”.
María Eugenia Muse, vendedora de seguros de salud de 57 años, salía de un centro de votación en un barrio acomodado de Santiago el domingo por la tarde del brazo de su madre de 84 años. En 2020, ambas votaron para aprobar la redacción de una nueva Constitución, y el domingo las dos votaron para rechazar el reemplazo propuesto.
“Fue un fiasco, una vergüenza lo que hicieron”, dijo. “La Constitución que hicieron no es la constitución de Chile, del pueblo de Chile. Es de un grupo”.
Karina Guadalupe, una ingeniera civil de 39 años, escuchaba cerca de ahí y se hallaba visiblemente en desacuerdo. “Necesitamos un cambio”, dijo y observó que el próximo año se cumplirán 50 años del inicio de la dictadura de la que surgió la Constitución actual.
“Es increíble que continuemos con esa Constitución vigente”.
Pascale Bonnefoy y Ana Lankes colaboraron en este reportaje.
