Para enfrentar casos como el de los niños
captados robando en avenida Constituyentes, se requiere de soluciones
transversales, económicas y de oportunidades, sin apostar a un solo aspecto o
simplemente a criminalizar, mencionaron especialistas.
El caso de
los niños de 12 y 13 años que asaltaron a automovilistas en la Ciudad de México
es una muestra de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, no se trata de
sólo un caso aislado; por tanto, para afrontarlo se requieren soluciones
transversales que pasan por la economía, las oportunidades para las familias, y
no sólo becas educativas, coinciden especialistas.
En redes
sociales circularon las fotografías y los nombres de los niños que fueron
aprehendidos por policías capitalinos después de asaltar a automovilistas en
avenida Constituyentes, en septiembre pasado.
Los
comentarios de los usuarios eran en apoyo a la difusión de la identidad de los
niños –pese a que significa una violación a la ley, puesto que el Nuevo Sistema
de Justicia Penal Acusatorio establece el derecho de presunción de inocencia de
cualquier individuo– e incluso pedían que fueran recluidos antes de que
cometieran otro delito más grave.
Lo que
ningún usuario preguntó fue bajo qué contexto han crecido estos niños, llevando
a que cometan crímenes en lugar de preocuparse por exámenes o competencias
deportivas, como debería ocurrir a esa edad. Para Paola Zavala, directora
general del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, las
respuestas para combatir la violencia en el país debe atravesar una visión
integral.
“Al Estado
le urge preguntarse qué estamos haciendo mal para que eso suceda, porque no son
ellos dos o 5 o 30. Aquí hay un problema de inequidad social enorme, y que ha
repercutido socialmente. Es gente que ya vio que sus papás y sus abuelos siguen
cobrando salarios bajos, viven en colonias con círculos de violencia, son
colonias muy específicas, donde hay abuso de sustancias, embarazos
adolescentes”.
No
significa justificar la comisión de delitos, sino de entender bajo qué
condiciones se están desarrollando miles de jóvenes en el país con altos
índices de violencia, con una economía desigual, y pocas oportunidades de
desarrollo y ascenso social por la vía educativa o laboral.
De acuerdo
con el informe Adolescentes: vulnerabilidad y violencia, realizado por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2017, de los jóvenes privados de
la libertad por cometer algún delito que fueron encuestados, “89% habían
trabajado antes de ser privados de su libertad, siempre en condiciones
precarias y con bajos salarios, como jornaleros o vendedores de frutas, tacos,
pizzas, flores, o bien, repartidores, cargadores, cerillos o ayudantes de
albañil, mecánico, herrero, pintor”. Y 37% había trabajado antes de cumplir 12
años.
Además, 68%
dijo que antes de ingresar al centro de internamiento, consumían droga
diariamente (en su mayoría, mariguana, aunque habían probado todo tipo de
drogas; otros consumían frecuentemente también cocaína, piedra, solventes y
pastillas. Sólo unos cuantos habían llegado a consumir heroína o LSD).
Sobre el
contexto familiar, 60% de las y los adolescentes dijeron que algún miembro de
su familia ha estado en algún momento en prisión, con mayor frecuencia, el
padre, los hermanos, los tíos y los primos.
Estos datos confirman lo que expertos han visto
en la práctica.
“La gran
mayoría vienen de comunidades donde el delito y la violencia está totalmente
normalizado, donde muchas veces hay algún familiar en la cárcel y ha cometido
delitos”, asegura Jimena Cándano, directora de Fundación Reintegra, una
organización que ha trabajado 30 años en la
prevención del delito y es la única institución autorizada en el Ciudad
de México para dar cumplimiento integral a las medidas impuestas a los
adolescentes en conflicto con la ley.
Entre los
aspectos que se encuentran en esas comunidades de riesgo está la deserción
escolar y el consumo de sustancias es de riesgo. “Los hemos abandonado desde su
familia, la comunidad, el gobierno y reaccionan con lo único que conocen”,
insiste Cándamo.
Por eso es
que se requiere una estrategia “macro, no sólo micro” que podría tener efecto
en 10 años, pero “hay que empezar ya”, insiste Paola Zavala.
“Se deben
hacer modificaciones importantes, no pagar 5 pesos más. Pasa por grandes
decisiones económicas, redistribución de la riqueza, trabajar con la persona.
No sólo es educativa, ni laboral, sino de qué colonias vienen, a cuáles
regresan. Trabajar a nivel comunitario, familiar, porque la mayoría han tenido
temas de abandono. Imagina dónde crecieron, cómo crecieron y cuántos más hay
como ellos”.
Por eso es
que ni más cámaras, ni más policías desalentarían a alguien a delinquir,
tampoco sólo becas o empleos precarios, sino oportunidades reales, intervención
en las comunidades, o de lo contrario el círculo de la violencia continuará
igual.
Y Paola
Zavala lo ha comprobado, debido a que en el Instituto de Reinserción tienen
identificado el perfil de mayores de edad que salen de reclusión y el patrón se
repite: son personas pobres, que sólo estudiaron hasta la secundaria y
cometieron sobre todo delito de robo.
“Más
cámaras, más policías, medidas alternativas, sólo son paliativos al fenómeno
que de fondo no se va a arreglar hasta que no le entremos a los macros”.
Cándamo
asegura que obviamente no se debe permitir que ni ellos ni otros niños sigan
delinquiendo y debe haber una consecuencia, pero sobre todo una estrategia para
recuperar. “Tenemos que buscar justicia y no venganza. Este tipo de actos
tienen que tener consecuencias y los niños aprender a que no es camino a
seguir, pero no castigo”.
“Criminalizar
a los jóvenes no resuelve el problema sino que lo complica”, por eso es que en
la organización Reintegra han desarrollado programas de prevención y
reinserción basados en la responsabilidad y en el bien común y desde hace
varios años han conseguido una tasa anual de 96% de éxito en evitar la
reincidencia delictiva.
“Por muchos
años hemos pensado que los jóvenes son un problema, sin darnos cuenta que en
realidad son una solución, una solución que no sólo hemos abandonado y le hemos
dado la espalda. Si los adultos hiciéramos nuestra parte no habría necesidad de
criminalizarlos”, dice la directora de Reintegra.
