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| La CIDH presentó en mayo pasado su Informe Anual 2014 respecto a la situación del continente americano en la materia, en donde enlista casos de ataques y asesinatos en contra de periodistas en México. Foto Foto: Cuartoscuro |
Ciudad de
México, 5 de julio (SinEmbargo).– A un año y seis meses de
concluir su administración, el priista Javier Duarte de Ochoa ha
colocado a Veracruz como uno de los estados más violentos, más endeudados, más
peligrosos para el ejercicio periodístico y con más habitantes viviendo en la
pobreza, de acuerdo con estadísticas y organizaciones. Javier Duarte
llegó al poder el 1 de diciembre de 2010 con la promesa de acabar con la
corrupción, inseguridad y pobreza que imperaba en la entidad veracruzana,
gobernada entonces por su amigo y mentor: Fidel Herrera Beltrán.
Desde su
candidatura, Duarte recibió severas críticas por parte de la oposición,
que lo acusaba de estar ligado al ex Gobernador, incluso, diversos medios de
comunicación locales difundieron una serie de grabaciones en las que se
mostraba que la campaña de Duarte de Ochoa era operada desde la
gubernatura. Hoy, a cuatro años y seis meses como Gobernador, a Javier
Duarte se le sigue vinculando con su predecesor, y algunos políticos como Héctor
Yunes Landa aseguran que Fidel Herrera aún gobierna
Veracruz. “Prácticamente el mismo Gobierno de Fidel es el que sigue
ahorita gobernando y lo peor es que pretende seguir haciéndolo”, expresó el
político a medios locales cuando se le cuestionó sobre los precandidatos
priistas para diputaciones federales.
De la
larga lista de acusaciones contra la administración de Duarte destaca
las agresiones contra periodistas, los encargados de informar la realidad que
acontece en el estado han sido censurados por parte del gobierno estatal y por
parte de la delincuencia han sido golpeados, amenazados y asesinados.
El pasado
31 de mayo medios locales de Veracruz difundieron la noticia de que una
reportera de TV Sureste de Acayucan, fue secuestrada y violada por un
sujeto cuando pretendía cubrir un evento en la comunidad de Cosoleacaque. La
periodista, cuya identidad se omite, interpuso al día siguiente una denuncia
ante la Agencia Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad Sexual,
pero hasta el momento la Fiscalía estatal no ha capturado al responsable.
Otro es
el del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, quien desde hace casi un
mes vive en el Distrito Federal, en un autoexilio de Veracruz, obligado por las
amenazas de las que fue víctima. El joven colaborador de la revista Proceso,
Cuartoscuro y de la agencia de noticias AVC salió huyendo el 9 de
junio pasado, luego de protagonizar varios episodios de acoso.
Y a la
lista de los periodistas asesinados en la gestión de Javier Duarte se
suma el caso de Moisés Sánchez Cerezo, que el 2 de enero pasado fue
sacado por un grupo armado de su casa y apareció muerto 23 días después en el
municipio de Medellín de Bravo. Testigos y evidencias que señalan al ahora
Alcalde desaforado y prófugo Omar Cruz Reyes, como el autor intelectual
del homicidio.
Otra de
las víctimas de la violencia en Veracruz fue Armando Saldaña Morales, de
53 años, periodista y locutor en las estaciones radiofónicas La Ke Buena
y Radio Max, y colaboró en medios veracruzanos como El Mundo de
Córdoba, El Sol de Córdoba y La Crónica de Tierra Blanca. El pasado 4 de
mayo fue encontrado su cuerpo en una zona limítrofe de Veracruz con Oaxaca.
De
acuerdo con la organización Artículo 19, en 2014 Veracruz se ubicó, con 41
casos, entre las cinco entidades federativas con el mayor número de agresiones
a periodistas. En el cuarto año de Gobierno de Javier Duarte de Ochoa, 12
reporteros han sido asesinados (la mayoría de estos casos están irresueltos),
tres reporteros están desaparecidos en la entidad, una decena exiliados por
amenazas veladas de grupos delincuenciales y varios reporteros intimidados,
golpeados u hostigados de forma anónima por ejercer el oficio.
Para Darío
Ramírez, director de Artículo 19, la actitud indolente de Javier Duarte
respecto a las agresiones contra periodistas ha propiciado el debilitamiento y
el miedo de la prensa en la entidad. El mismo Duarte ha culpado a los
comunicadores de las agresiones que han recibido al afirmar que están
relacionados con la delincuencia organizada. Por ejemplo, el pasado 30 de
junio, el Gobernador de Veracruz pidió a los trabajadores de los medios de
comunicación “portarse bien”, al asegurar que “hay quienes están metidos en el
hampa”.
LOS
FEMINICIDIOS
Y en el
recuento de daños que va dejando Duarte en su administración se le suman
los feminicidios. El pasado fin de semana, diversas organizaciones revelaron
que en los primeros seis meses del año, 50 mujeres fueron asesinadas en
Veracruz, mientras Javier Duarte regatea la alerta de género, publicó el
portal de noticias Blog Expediente. Rodolfo Manuel Domínguez Márquez,
de la asociación civil Justicia, Derechos Humanos y Género, dijo que “el
gobierno estatal ha politizado la alerta en exceso, hay una tendencia a mirarlo
como un golpeteo al estado, como un reproche, como lo peor que le puede pasar
políticamente”.
La
asociación civil refiere que en Veracruz el 70 por ciento de los hechos de
violencia contra la mujer provienen de factores como la delincuencia
organizada, la trata de personas, la explotación con fines comerciales y la
migración. En tanto, Araceli González Saavedra, de la organización
Equifonía que trabaja por el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos
de las Mujeres, mencionó que la mayor parte de los 50 homicidios, fueron
contabilizados a través de recuentos periodísticos, sin embargo la Fiscalía del
estado no ha realizado ningún conteo pues sería evidenciar a la administración
de Duarte de Ochoa por no poder garantizar en lo mínimo la seguridad de
sus ciudadanas.
De
acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre 2012 y
2013 más de 9 mil 15 mujeres ingresaron a un hospital por heridas y golpes
relacionados con violencia de género, de las cuales mil 71 fallecieron, sin
embargo, la Fiscalía de Veracruz sólo registró 175 casos, de estos sólo 87
fueron investigados.
Y la
violencia continúa en el Veracruz de Duarte…
El pasado
5 de junio, ocho estudiantes de la Universidad Veracruzana fueron agredidos con
armas largas, machetes, palos y bates por un grupo de 10 personas que irrumpió
en una fiesta que realizaban los jóvenes en la capital del estado. El ataque y
la sufrieron respuestas contradictorias por parte del Gobierno del estado y la
Secretaría de Seguridad Pública, que fueron acusados de ser responsables de las
agresiones.
La
Secretaría de Seguridad Pública estatal negó en un comunicado que su
participación en el ataque que sufrieron estudiantes de la Universidad
Veracruzana (UV) y condenó los hechos. Horas más tarde, emitió un segundo
comunicado para asegurar que en realidad no es tan grave como parece y usando
el nombre del Centro de Especialidades Médicas como escudo: “La dirección del
nosocomio dio a conocer que se trata de tres pacientes policontundidos, que se
encuentran estables y sin lesiones internas”.
LEGISLACIONES
“A MODO”
A Javier
Duarte también se le señala de imponer leyes para su beneficio político.
Por ejemplo, el pasado 30 de junio, el Congreso de Veracruz aprobó con 34 votos
a favor, una abstención y el retiro de los 10 diputados del Partido Acción
Nacional (PAN) del salón de sesiones, el nuevo Código Electoral que regirá la
elección de Gobernador y de la próxima legislatura el próximo año. El
nuevo Código regulan las candidaturas independientes y reduce los tiempos de
campaña, además de establecer las atribuciones del Instituto Electoral Veracruzano
(IEV) y del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEEV).
Tras la
aprobación del Código, representantes de los partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) anunciaron que
interpondrán una controversia constitucional en contra de la legislación.
Legisladores del PAN en la entidad acusaron al Gobernador Javier Duarte
de “querer apropiarse de la elección” de 2015 en la que se renovarán la
gubernatura y el Congreso local [30 diputados], y de realizar una ley a modo para
favorecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Otra
legislación que ha sido cuestionada por la oposición y organizaciones es el
nuevo Reglamento de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial del estado de
Veracruz, aprobado por el Gobernador el pasado 16 de junio. La legislación
ordena, entre otras cosas, pedir permiso seis horas antes de realizar una
manifestación y a los peatones caminar siempre a su lado derecho en las
aceras.
Organizaciones
nacionales denunciaron que este reglamento restringe la libertad de protesta,
así como el derecho a la movilidad y el libre tránsito de los ciudadanos, en un
estado donde “la libertad de expresión se encuentra bajo asedio”. El Frente por
la Libertad de Expresión y la Protesta Social, integrado por organizaciones
como la Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray
Francisco de Vitoria OP”, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, exigió al
Gobierno de Veracruz revise y modifique todas las disposiciones que restrinjan
indebidamente el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, reunión y
protesta social en el espacio público.
