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Jorge Salazar García.
Una de las más elevadas manifestaciones de la libertad, sin duda, es la rebeldía. Ésta, citando a Camus (El Hombre Rebelde, 1951), es “concebida como la negación categórica de una instrucción juzgada intolerable y en la certeza (…) de un derecho justo, (y) sensación de tener la razón”. Dicha negación consiste en no aceptar imposiciones de ninguna tipo, aún arriesgando la propia seguridad. Eso hacía el Padre Marcelo Pérez cuando fue asesinado el pasado 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Al no aceptar las condiciones intolerables de violencia impuestas por paramilitares, narcotraficantes y funcionarios corruptos, su ejecución se hizo inminente. Igual que la de centenas de campesinos (tres párrocos incluidos); las cuales podrían estar ligadas a la política contrainsurgente implementada en las zonas de influencia zapatista desde 1994. Para eso se han multiplicado los cuarteles militares y decenas de bases donde se instala la guardia civil por todo el territorio chiapaneco. Tal hipótesis se deriva de la evidente colusión entre autoridades, crimen organizado y mandos militares, cuyo fin es facilitar a las empresas extranjeras despojar las tierras y recursos naturales a los pueblos originarios. Parecieran estar empeñados en fomentar una guerra fratricida destinada a expulsar y exterminar a los rebeldes defensores de la vida y el territorio.
La rebeldía del padre Marcelo, “nace del espectáculo de la sin razón, ante una condición injusta e incomprensible” (Camus), generalmente auspiciada y planeada desde el Estado. Siendo el caso, la desobediencia no sólo se justifica, es una acción legítima de sobrevivencia. Sin rebeldías, reflexiona Camus, no habría cuestionamientos, desaparecerían los pros, los contras; no habría culpa ni razón, maldad o virtud; nada sería verdadero ni falso, bueno o malo: todo lo determinaría el más fuerte: “El mundo se dividiría en amos y esclavos, no en justos e injustos, (donde) el crimen tiene un lugar privilegiado”. Esta última frase resultó profética en México cuando millones de habitantes del campo y la ciudad viven angustiados ante la posibilidad de ser secuestrados, desplazados, desaparecidos, extorsionados o ejecutados por quienes disponen de franquicia para delinquir: “el crimen autorizado ” y desorganizado. Ambos entes son autófagos: se devoran entre sí en gobiernos donde reina la impunidad, como el nuestro. Basta que la codicia y la traición fracturen algunos pactos, para que surja un pandemónium de violencia y terror dejando en la indefensión total a quienes intentan ganarse honradamente el sustento.
Chiapas bajo el yugo de la violencia
Contra esa ignominia luchó el Padre Marcelo, quién en su ultima entrevista (13 de septiembre, Tuxtla Gutiérrez) concedida en la marcha por la paz, pidió a las autoridades “hicieran su trabajo; que tomaran en serio defender la vida del pueblo. Que no lo sometieran a la esclavitud, bajo el yugo de la violencia”. También advirtió: “si no reaccionamos ni (nos) organizamos, el crimen organizado entrará en los pueblos y entonces ya no podremos sacarlos”. Con mucha tristeza expresó que la inaguantable la violencia condujo a las tres diócesis del Estado a levantarse junto con el pueblo. Allí, siendo solidario con los pobres, dictó su sentencia de muerte: “La lucha contra la injusticia es y será permanente, cueste la cárcel o la vida”. Por omisión o acción su asesinato fue crimen de Estado. Las autoridades locales y federales ignoraron todos sus llamados de auxilio: le negaron protección (habían atentado tres veces contra su vida), lo criminalizaron formalmente en 2022 y, ahora, la diputada de Morena, Patricia Armendaríz lo acusó de tener vínculos con el narcotráfico. El abovinable actuar de la legisladora, ordenado desde arriba, confirma la sospecha mencionada.
Reforma judicial: sainete distractor.
Mientras oposición y oficialismo se disputan en lo oscurito su cuota de jueces, magistrados y ministros; el sainete mediático, el paro de los trabajadore del poder judicial y las acusaciones mutuas de mentirosos corruptos y traidores desvían la atención sobre Chiapas. Una vez se ponga de acuerdo la coprocracia en la repartición de los señores “justicia” regresarán a repetir hasta la naúsea que México vive un Estado de Derecho. Y por supuesto, que habrá justicia. Algunos seguidores, incapaces de rebelarse, descalificarán a la víctima: “se lo merecía” será su sentencia. Bien dijo Camus, los faltos de conciencia no pueden parir rebeldías. Muy pocos morenistas condenarán el monstruoso crimen del padre Marcelo.
Números en la 4T
Seis fueron las balas disparadas al padre Marcelo y 4, (número asociado con la desconfianza y el autoritarimo) el dígito que indentifica al proyecto político de Morena. Balas, autoritarismo e impunidad, juntos, causaron la muerte de ese sacerdote Tzotzil dedicado a predicar con el ejemplo. El padre Marcelo, originario de San André Larráinzar, fue un hombre bueno y consecuente: acudía a las comunidades a celebrar misas, ungir enfermos, casar parejas, confesar moribundos y ayudar a quien se lo pidiera. Apoyó a la organización civil Las Abejas, cuyo dirigente Simón Pedro, recién fue asesinado. Por cierto, el próximo 22 de diciembre se cumplirán 24 años de protección a los autores intelectuales del masacramiento de 45 Tzotziles en Acteal: hombres, niños y mujeres (embarazadas incluidas) fueron baleados y macheteados mientras rezaban. Su inmolación es otro mensaje de amedrentamiento social perfectamente compatible con las políticas del Estado que sistemáticamente. ignoró las advertencias de organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, periodistas, del EZLN, comunidades y, desde luego, de los sacerdotes como el jesuita José Avilés quién alertó que “Chiapas vive en un estado de convulsión permanente”. Allí, el neoliberalismo tiene sembrada una bomba de tiempo y está a punto de estallar. Lo sabía AMLO, pero fiel a su estilo maquiavélico, en lugar de atender las alertas, satanizó, descalificó, ridiculizó, minimizó y criminalizó a los doblemente agredidos. Esperar un cambio en su corcholata es inútil: prefiere besar la mano de un sicarios oficial (Manuel Velasco). Ojalá y no contemple, dado su origen, la recolonización de esas ricas tierras, conforme lo hace Israel en Palestina.
Ostracismo intencionado
La respuesta de la 4T a los llamados de auxilio emitidos en encuentros de reconciliación, mesas de diálogo, marchas, peregrinaciones, misas y denuncias formales, son el silencio y el ostracismo cómplice. Todo indica la existencia de esa guerra contrainsurgente encargada a caciques, autoridades y paramilitares. Quiere callar a las comunidades indígenas que exhiben la asquerosa coprocracia Mexicana. Su exigencia de autonomía para disponer de sus recursos naturales y elegir a sus autoridades, apartados de los partidos, pone en riego el poder establecido; consecuentemente, deben ser exterminadas junto con quienes les dan voz, como el padre Marcelo lo hizo.
Servir a las corporaciones
Imposible garantizar ganancias y estabilidad a las trasnacionales en medio de comunidades opositoras al despojo y saqueo territorial. Pueblos así, estorban a la integración económica “a gran escala” (Marcelo Ebrard dixit) con los Yanquis. Por lo tanto deben desplegarse planes para despoblar el campo mexicano. Sirven a este propósito el narcotráfico, la represión selectiva, los desplazamientos y las masacres. Millones mexicanos emigran dejando sus pueblos habitados por ancianos, niños y algunas mujeres que los cuidan. ¿Quién lo duda?: el Estado ha resultado sumamente eficaz sirviendo lacayunamente a las trasnacionales en eso de vaciar pueblos y reprimir rebeldías.
La lucha sigue.
Nos acercamos a un punto de inflexión política en América: las rebeldías se unen. Por ejemplo: conmemorando 532 años de resistencia a la invasión europea, representantes de pueblos originarios y centenas de activistas organizaron el “Primer Encuentro Continental en Contra de Gasoductos y Megaproyectos”, realizado en Oaxaca (Tierra Bonita, Istmo de Tehuantepec, octubre 10, 11 y 12) con el propósito de articular alianzas. Solidariamente demandaron el cese de todo tipo de hostigamiento, represión, violación de derechos humanos, criminalización y encarcelamientos de quienes luchan defendiendo su territorio y recursos naturales. De sus acuerdos destacan: coordinarse internacionalmente contra TC-Energi, el gasoducto del sureste, tren maya, Bonafont, Granjas Carroll; establecer nexos de cooperación, intercambiar información y estrategias comunitarias para evidenciar la destrucción de ecosistemas; y, denunciar la violación de los derechos de los pueblos. Finalmente, determinaron emprender acciones colectivas, tal como lo hacen los defensores de la Cuenca del Río “La Antigua” en Veracruz, y generar una red coordinadora de luchas nacionales, regionales y continentales para detener la criminalización y estigmatización contra defensores de los derechos ambientales.
https://lanigua.com.mx/ejecucion-del-padre-marcelo-otro-crimen-de-estado-no-esperemos-que-nos-toque-la-violencia-para-participar-padre-marcelo/
