Francisco González Arredondo es acusado por exfuncionarios de César Duarte por tortura psicológica y la Fiscalía de Chihuahua se niega a ceder el caso a FGR.
- Redacción AN/ SBH
Integrantes del Movimiento Estudiantil Justicia para Francisco se manifestaron en Palacio de Gobierno de Chihuahua para exigir que la Fiscalía estatal entregue a la Fiscalía General de la República la carpeta de investigación en contra de Francisco González Arredondo, quien coordinó las investigaciones contra corrupción en el sexenio pasado.
Las y los manifestantes dirigieron su exigencia a la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a quien acusan de promover irregularidades para justificar la detención del exfiscal, quien, entre otros casos, indagó las redes de corrupción encabezadas por el exgobernador priista César Duarte.
González Arredondo fue detenido el 21 de noviembre de 2022, acusado de ejercer tortura psicológica en contra de seis personas -ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda del periodo de Duarte-.
El exfiscal se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Readaptación Social Aquiles Serdán, junto con el exgobernador César Duarte y otras personas a quienes procesó en diferentes investigaciones a lo largo de su carrera anticorrupción.
El movimiento Estudiantil a favor del ex fiscal detenido reiteró que la Fiscalía General de la República ya solicitó la atracción del caso, ya que la tortura psicológica es un delito federal.
Sin embargo, la fiscalía de Chihuahua se ha negado a entregar la carpeta.
Los manifestantes denunciaron uso excesivo de la fuerza y una serie de violaciones a derechos humanos en contra del exfiscal.
Advirtieron que quien encabeza la controversia judicial es la jueza Hortensia García Rodríguez.
Duarte Jáquez fue capturado el 8 de julio de 2020 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y fue extraditado a México el 2 de junio de 2022, requerido por autoridades de Chihuahua, encabezadas por el exfiscal González Arredondo.
Se le persigue por peculado por 6 mil millones de pesos, desviados desde la Secretaría de Hacienda hacia contratos simulados y empresas fantasma.
Según las indagatorias, el exmandatario participó en la creación de una “nómina secreta” para cubrir pagos a políticos cercanos, pero también de la oposición.
La actual gobernador figura entre las personas que recibieron recursos de esta nómina ilegal, según las investigaciones, pero el caso no terminó de procesarse por la vía penal.
