Durante sus años como jefe financiero de la empresa, Weisselberg había recibido un apartamento gratuito en un edificio de la marca Trump en Manhattan con vista al río Hudson. Él y su esposa conducían automóviles Mercedes-Benz alquilados por la empresa. Cuando sus nietos fueron a una escuela privada exclusiva, Trump pagó su matrícula.
Un puñado de otros ejecutivos recibieron beneficios similares.
Weisselberg también intentó asumir la responsabilidad al sentarse en el banquillo, diciendo que nadie en la familia Trump sabía lo que estaba haciendo. Se atragantó cuando le dijo al jurado: “Fue mi propia codicia personal lo que me llevó a esto”.
Los abogados de la Organización Trump repitieron el mantra, "Weisselberg lo hizo por Weisselberg", afirmando que se había vuelto deshonesto y traicionado la confianza de la empresa.
El asistente del fiscal de distrito, Joshua Steinglass, intentó refutar esa afirmación en su argumentación final, mostrando al jurado un contrato de arrendamiento que Trump firmó para el apartamento de Weisselberg. "Señor, Trump está sancionando explícitamente el fraude fiscal”, argumentó Steinglass.
Una multa simbólicamente muy dura
El jurado declaró culpable a la empresa por fraude fiscal el 6 de diciembre.
La multa de la compañía será apenas una mella en el resultado final de una empresa con una cartera global de campos de golf, hoteles y acuerdos de desarrollo.
Pero podría enfrentar más problemas fuera de los tribunales por el daño en su reputación, como la dificultad para encontrar nuevos acuerdos y socios comerciales.
Además, este viernes no termina la batalla de Trump con el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, un demócrata que asumió el cargo en enero.
Bragg ha dicho que una investigación relacionada con Trump que comenzó su predecesor, Cyrus Vance Jr., está “activa y en curso”, y con un fiscal recién contratado al frente del cargo.
James, una demócrata, está pidiendo a un tribunal que prohíba a Trump y a sus tres hijos mayores dirigir cualquier empresa con sede en Nueva York y busca para ellos una multa de al menos $250 millones.
Un juez fijó una fecha para el juicio en octubre. Como medida preliminar, designó un supervisor para la empresa mientras el caso está pendiente.
Trump enfrenta varios otros desafíos legales mientras busca impulsar su candidatura a la Casa Blanca en 2024.
Un gran jurado especial en Atlanta investigó si Trump y sus aliados cometieron algún delito al tratar de anular su derrota electoral de 2020 en Georgia.
El mes pasado, el comité de la Cámara de Representantes que investigó el asalto al Capitoliio votó a favor de
remitir al Departamento de Justicia su investigación de cara a una posible acusación penal por el papel de Trump en desencadenar la violenta insurrección. El FBI también investiga el caso de los documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Florida.