Además, acreditó otros hechos violatorios a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la debida procuración de justicia y a la verdad, atribuibles a servidores públicos de Pemex y de la PGR.
La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación por “violaciones graves a las garantías individuales atribuibles a servidores públicos de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la
Secretaría de Seguridad Pública de Puebla”, durante el operativo en
Palmarito, en el municipio de Quecholac, Puebla, en mayo de 2017.
En un
comunicado, recordó que los enfrentamientos armados entre personas civiles dedicadas a la sustracción ilegal de hidrocarburos (huachicoleros) contra efectivos militares y servidores públicos federales y estatales,
derivaron en la pérdida de la vida de 10 personas (6 civiles y 4 militares),
26 resultaron lesionadas (14 civiles y 12 militares), y
13 más fueron detenidas (9 adultos y 4 menores de edad).
Por estos hechos, la
CNDH solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) copias de las correspondientes carpetas de investigación, a lo que dicha autoridad se negó, “lo que se traduce en
falta de colaboración en la investigación de violaciones graves a derechos humanos, así como en obstrucción al derecho de acceso a la justicia en agravio de las víctimas, sus familiares y la sociedad”.
Tras realizar una investigación, el organismo encontró elementos para acreditar violaciones graves a derechos humanos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, a la verdad, a la vida, a la integridad personal, a la legalidad, a la seguridad jurídica, al interés superior de la niñez y a la debida procuración de justicia, “consistentes en la ejecución arbitraria de dos personas, el trato cruel contra 12, incluidos tres menores de edad, la detención arbitraria de 2 infantes, la manipulación de un cadáver y la colocación de las armas largas que se relacionaron con 2 personas fallecidas”.
Además, acreditó otros hechos violatorios a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la debida procuración de justicia y a la verdad, atribuibles a servidores públicos de Petróleos Mexicanos (Pemex), Procuraduría General de la República (PGR), así como de la Fiscalía General de Justicia local y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla (TSJEP).
La CNDH señaló su preocupación por la impunidad en la sustracción ilegal de hidrocarburos, ya que las personas detenidas por ese hecho no son puestas a disposición de la autoridad competente y cuando se inician las indagatorias respectivas no se judicializan, lo que provoca que no sean sujetas a proceso.
Además, apuntó, es imperativo que el personal ministerial estatal y federal practique las diligencias necesarias para acreditar la identidad de los probables responsables, con pleno respeto a sus derechos humanos, y en su momento, ejercitar la acción penal en su contra con todos los elementos de prueba e indicios que no permitan su libertad por falta de elementos o violaciones al debido proceso.
En este sentido, el organismo que preside Luis Raúl González Pérez recomendó al titular de la Sedena y al gobernador de Puebla, se repare integralmente el daño a todas las víctimas, que incluya indemnización, asistencia médica y psicológica; colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos contra el personal involucrado, así como en las quejas por manipulación del cuerpo de una víctima y colocación deliberada de armas largas a dos cadáveres.
A la PGR le solicitó continuar la integración de las carpetas de investigación por homicidios y lesiones, y dejar sin efectos el acuerdo de reserva temporal de la carpeta de investigación contra personal militar.
Por otra parte, a Pemex le pidió colaborar en la integración de carpetas de investigación radicadas en la Fiscalía General estatal, “que las instalaciones de esa empresa no se utilicen para resguardar a personas detenidas y colaborar en la queja que se presente ante el Órgano Interno de Control contra los servidores públicos que autorizaron o consintieron que las personas detenidas permanecieran en la planta de rebombeo de Palmarito Tochapan”.
El gobernador de Puebla, indicó, debe “implementar políticas públicas para solucionar y combatir la criminalidad en la ‘Franja del Huachicol’, y en coordinación con los Ayuntamientos ubicados en esa zona escuchar a la población y atender sus problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad, prevención del delito, violaciones a derechos humanos, acceso a la justicia, educación, alimentación, salud, agua, vivienda e interés superior de la niñez, además de coadyuvar en la selección y evaluación de sus cuerpos policiales, profesionalizarlos y garantizar la seguridad pública”.
Corresponderá al Fiscal General de Justicia del Estado continuar las carpetas de investigación iniciadas por homicidio de tres personas, dar seguimiento a la queja que se formule ante la correspondiente Visitaduría General por omisiones en la integración de las citadas carpetas de investigación, colaborar en la investigación ministerial y procedimiento administrativo contra el agente del Ministerio Público del fuero común involucrado en la retención ilegal de 4 menores de edad e instruir que las investigaciones ministeriales en que estén involucradas personas relacionadas con el robo de hidrocarburos se integren y determinen a la brevedad, conforme a derecho.
“Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado se le recomienda colaborar en la queja que se formule ante la Comisión de Disciplina de dicho Tribunal por las imprecisiones que se observaron en las necropsias que peritos del TSJEP practicaron a 9 cadáveres, incluidos 4 elementos del Ejército Mexicano y una persona menor de edad”, añadió.
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