El decreto contra el glifosato y el maíz transgénico, intereses económicos en pugna

Marco Vinicio Dávila Juárez, miembro del Comité Central del PCM / El Machete Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de este medio En días pasados el gobierno mexicano emitió un nuevo decreto para regular el maíz transgénico y el paquete tecnológico para su cultivo que incluye el glifosato,[i] este hecho reactivó nuevamente el debate sobre el uso de semillas genéticamente modificadas. A favor y en contra se pusieron los diferentes grupos empresariales, intelectuales del ramo agroindustrial y medios de comunicación, pero todos cuestionando el citado decreto y, desde luego, al gobierno que lo emitió. De los varios argumentos destaca el que señalan los opositores antitransgénicos, que los problemas de salud que se le atribuyen al maíz transgénico los produce este por sí mismo, razón por la cual quienes están a favor del cultivo de este maíz responden que no hay evidencia científica para tales afirmaciones, en tanto el gobierno federal que en realidad en el decreto no se posiciona ni a favor ni en contra, deja en la indefinición el problema central, el económico. O mejor dicho, evita lastimar el interés económico de todos los monopolios en pugna. Víctor Toledo, ex secretario de la SEMARNAT y una de las voces en contra del maíz transgénico, apuntó tímidamente los intereses que se mueven alrededor del tema, tanto fuera como dentro del gobierno federal de la Cuarta Transformación, al señalar que embajadores de nueve países, encabezados por el de Alemania se opusieron al primer decreto, en tanto dentro del gobierno federal personajes ligados a monopolios de los transgénicos como Alfonso Romo (Agromod), Víctor Villalobos (Monsanto) y Julio Scherer, también se opusieron. Llamando al gobierno de la 4T, del cual él formó parte, un gobierno híbrido, por los intereses económicos enfrentados que ahí dentro coexisten.[ii] Y es que efectivamente, si Romo, Villalobos y Scherer, por mencionar algunos, son personeros reconocidos de los intereses a favor los monopolios que exigen la liberación de los transgénicos tal y como lo hizo Peña Nieto en su gobierno; por la otra parte están el subsecretario de SS, Hugo Lopez-Gatell; el subsecretario de SAGARPA, Víctor Suárez; la titular de CONACYT, María Elena Álvarez y, en su momento, Víctor Manuel Toledo, cuando fue secretario de SEMARNAT, ligados otros monopolios de la agroindustria pero a través de ONG´s que promueven el capitalismo verde, una de las principales banderas de la socialdemocracia en México y en el mundo, pero sobre todo fundaciones que están ligadas a Oxfam, cuyos donaciones proceden de fondos privados e institucionales como la ONU, la Unión Europea y gobiernos; el en caso de Oxfam México, los donantes son Fundación Avina (alianza con Fundación Ford, Open Society Fundations) Open Society Fundations, Embajada de la República Federal Alemana en México y la Unión Europea,  General Motors, Fomento Social City Banamex AC, Mercado Libre, Four C Experts, Ache.OOO, PWC, entre las más destacadas. Estos son los verdaderos interesados, a favor y en contra, en el tema del glifosato y el maíz transgénico: monopolios, ONG´s y fundaciones de monopolios o de los gobiernos que los representan. En nuestro país los grupos monopólicos que tienen interés en el uso de maíz transgénico y el glifosato, son Bayer-Monsanto, Corteva-Agriscience (Du Pont), Grupo Syngenta-ChemChina y BASF (ETC Group).[iii] [iv] De las cuatro, Bayer fue la primera en demandar la decisión del gobierno mexicano de limitar el uso de glifosato, por eso se entiende que el gobierno de Alemania, a través de su embajada en México haya sido el primero en presionar la decisión del decreto contra el glifosato y los transgénicos, pero también el monopolio chino Syngenta presiona al gobierno mexicano para que se abra al uso de maíz genéticamente modificado; dicha presión no la hacen sólo a través de sus gobiernos, sino también a través de ONG´s y fundaciones o asociaciones civiles que son las fachadas ideales para encubrir sus intereses, tal es el caso del  Consejo Nacional Agropecuario a través de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (Proccyt) con evidentes vínculos con Bayer.[v] Por su parte, tenemos a los monopolios que se oponen al uso del glifosato, no al uso de las semillas genéticamente modificadas. Tales son en primer lugar Grupo Gruma (MASECA) y Grupo Bimbo; la oposición al glifosato viene de los problemas que tuvo Maseca en el 2018, al detectar altas concentraciones de Glifosato en sus productos[vi]. Por lo que esos dos monopolios prefieren el manejo de “semillas mejoradas”.[vii] [viii] [ix] A ninguno de los dos bandos les interesa ni la salud de los mexicanos, ni el impacto a los ecosistemas, ni la contaminación de los mantos freáticos, ni los productores de maíz, les interesa únicamente lo que ganan o dejarían de ganar o lo que pierden o pueden perder en términos económicos. Respecto del decreto en cuestión hasta ahora hemos visto el tema de los grandes intereses económicos que mueven a los monopolios y los mecanismos de los que se valen para defender sus intereses y atacar los de sus competidores y del  gobierno, o mejor decir, del presidente López Obrador que demagógicamente lo emite. Veamos la otra parte del problema, pues además de que el glifosato es, desde su origen un producto altamente venenoso, esto sí probado científicamente, cómo impacta a los productores de maíz de nuestro país. Repasemos rápidamente cuáles son las principales características de las semillas de maíz que existen en el mercado. Están los maíces criollos, que son aquellos que de manera “natural” existen en las regiones, de las cuales los productores, sobre todo los pequeños productores, van seleccionando las mejores semillas para continuar con el siguiente ciclo, son, efectivamente semillas que forman parte de un ecosistema en el cual compiten, tienen polinizadores y depredadores naturales de donde radica su fortaleza pero también sus debilidades. Las semillas híbridas o “mejoradas”, obtenidas mediante procesos de selección y cruza de variedades hasta obtener las características genéticas buscadas (es decir, semillas genéticamente modificadas, aunque por métodos podemos llamar todavía naturales pero inducidos) y las semillas transgénicas, son producidas a partir de la modificación artificial de su genoma para introducirle genes con características que no tenían de manera natural. En el caso del maíz transgénico entre otras características es que se hace resistente al glifosato. El primer problema de fondo es que tanto las semillas híbridas como las transgénicas plantean para los productores un problema económico, los convierte en consumidores cautivos de los monopolios que producen maíces transgénicos o híbridos, ya que estos maíces son estériles por razones de bioseguridad, porque son semillas patentadas o porque pierden las características por las cuales las venden, lo que impide a los productores obtener tener semillas para la siguiente cosecha.[x] [xi] El segundo problema radica en que la venta de las semillas genéticamente modificadas (híbridas o transgénicas) incluyen los paquetes tecnológicos desde la siembra hasta la cosecha, lo que además de encarecer las semillas, crea una dependencia económica mayor de los productores de maíz, sobre todo de los pequeños y medianos productores, pues se ven obligados a mantenerse en sociedades formadas o controladas por los monopolios ya mencionados, que cuentan incluso con sus propios centros de investigación y comercializadoras, como el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) que sostienen Grupo Bimbo y Cargill;[xii], o como es el caso de Syngenta que en el 2022 compró la empresa Semillas Ceres, “que través de tecnología e innovación, la empresa trabajará junto a los agricultores para enfrentar los retos en el campo. Y ofrecerá semillas de maíz híbridas con un alto potencial productivo y adaptabilidad a las principales regiones maiceras del país.”[xiii] Si en verdad hubiera una preocupación real por parte del gobierno federal sobre el uso semillas transgénicas por las consecuencias negativas que traen consigo, no excluiría en el  decreto la soya, la canola y el algodón; en el caso de la soya que también es para consumo humano, por lo menos el 90% de la que se produce en Campeche es transgénica y por lo tanto con altos parámetros de glifosato en los productos de soya y en los mantos freáticos, otro de los graves problemas que genera el uso de este herbicida. Los problemas económicos, de salud, medioambientales y sociales que producen el maíz transgénico pero principalmente el glifosato, son muchos, ahora nos enfocamos en el decreto del 13 de febrero pasado. En todo este gran problema el asunto real es que mientras el avance científico y tecnológico sea de apropiación privada, como cualquier otro medio de producción, el uso y disfrute de sus frutos, sin importar si es capitalismo verde, que es lo que promueve la socialdemocracia de MORENA y la 4T, será propiedad privada de una minoría monopolista. Si resolvemos esto, es decir si socializamos los medios de producción, incluida la ciencia y la tecnología, los problemas económicos de los productores agrícolas serían resueltos y tanto las semillas como cualquier efecto nocivo contra la salud humana o el medioambiente podrán ser también resueltos. Y esto sólo lo habremos de conseguir si luchamos por el socialismo-comunismo. https://lanigua.com.mx/el-decreto-contra-el-glifosato-y-el-maiz-transgenico-intereses-economicos-en-pugna-2/