Desarrollo dialéctico de la militarización y la lucha de clases en México

Por Marco Vinicio Dávila Juárez, miembro del Buró Político del PCM.

La militarización penetra toda la vida social. El imperialismo es una lucha encarnizada de las grandes potencias por el reparto y la distribución del mundo, y por ello tiene que conducir inevitablemente a un reforzamiento de la militarización en todos los países, incluso los neutrales y pequeños.

Lenin

    Introducción Podría parecer reiterativo seguir hablando de la militarización del país cuando este fenómeno es tan obvio, pero no lo es mientras este proceso, que se ha acelerado durante la gestión del gobierno federal autodenominado como de la Cuarta Transformación, es decir durante la gestión de la nueva socialdemocracia que encabeza Andrés Manuel López Obrador, continúe avanzando. El mismo proceso va aportando nuevos elementos que amplían el análisis y explican las verdaderas motivaciones de carácter económico que se esconden detrás de cada justificación política, que es en realidad un argumento ideológico, por lo que debemos entender este fenómeno como una expresión más de la lucha de clases. Y es que de manera permanente, sobre todo en los últimos meses, se están discutiendo en el Congreso de la Unión iniciativas que incluyen de manera protagónica a las Fuerzas Armadas, ya sea la Marina o el Ejército. Y desde el gobierno, a través del presidente López Obrador, el partido gobernante MORENA, o sus aliados se lanzan iniciativas o propuestas que buscan otorgar más y más poder a las Fuerzas Armadas. Creemos que ya hay suficientes elementos de análisis para comenzar a elaborar algunas reflexiones sobre las verdaderas razones por las cuales se ha acelerado este proceso de militarización y las tareas que corresponden a la clase obrera, a los sectores populares, a los pueblos indígenas, en general a todos los oprimidos en este contexto y principalmente al Partido Comunista. Tomando en cuenta que la lucha de clases es algo dialéctico, la militarización no es un proceso unilateral al que haya que contemplar resignadamente pues conlleva en sí una escalada armamentista que involucra de una u otra manera a toda la sociedad.   Protagonismo de las FF.AA. El pasado mes de mayo fue aprobado el acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública. Se anunció toda una serie de medidas legales que fortalecen a las instituciones castrenses y la presencia militar en las calles como principal responsable de la seguridad pública y que permiten una mayor injerencia en la administración pública. En el Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto para el año 2021por el Ejecutivo Federal en septiembre, la SEDENA, la SEMAR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tendrán para el combate a la inseguridad un incremento de su presupuesto conjunto superior al 12% en relación al de este año; la SEDENA por sí sola tendrá un aumento de su presupuesto en casi el 20%. La SEDENA destinará los recursos a la seguridad nacional, equipo e infraestructura militares, servicios de salud para sus integrantes, educación militar, becas, defensa de la integridad, independencia, soberanía del territorio nacional y seguridad interior. Esto sin contar los recursos que esta misma institución maneja a través de cuatro fideicomisos, con un monto cercano a los 32 mil millones de pesos. Buena parte del presupuesto reasignado es a partir de lo que le restan a otras Secretarías, debilitando con ello a las instituciones civiles. Otros aspectos de la vida civil que poco a poco se entregan a la milicia son la participación en ramas de la economía como la construcción y los bienes raíces; al igual que la administración de puertos y aduanas, donde además obtienen el monopolio de la edificación, remodelación y mantenimiento de las instalaciones portuarias. Medidas que han sido criticadas por diferentes sectores vinculados al tema, sobre todo la Marina Mercante, que acusa se incluye en esta medida la educación náutica, violando el derecho a elegir una actividad civil y no una actividad militar; pero también algunos sindicatos que advierten lo peligroso de esta medida, ya que el trabajo en los muelles es una actividad económica realizada por civiles, a los que se les impondrá el rigor castrense al incluso tratar los temas relativos al incremento salarial y a la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo. Otra propuesta presidencial recientemente anunciada es la posibilidad de reincorporar a la vida militar activa a los militares en retiro, ya que no puede entenderse de otra manera la afirmación del presidente acerca de revisar los reglamentos de las Fuerzas Armadas para integrar a los militares en retiro al Servicio de Protección Federal (SPF). Y por si esto no fuera suficiente, la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social (PES) –ahora renombrado como Partido Encuentro Solidario–, aliado incondicional de MORENA en el Congreso, en voz de su coordinador en la Cámara de Diputados Jorge Arturo Argüelles presentó una iniciativa de ley para reformar el artículo 129 y que de esta manera el ejército no tenga impedimentos legales para actuar de manera permanente en tareas de seguridad pública. Estos son elementos que nos permiten analizar el tema desde varios ángulos. Empezaremos tratando de desmontar algunos de los argumentos esgrimidos habitualmente para justificar las propuestas de hacer intervenir –más bien dicho mantener– a los militares en las calles para garantizar la seguridad pública.   Cuerpos policiacos corrompidos e infiltrados por el crimen organizado Un argumento repetido desde la Presidencia de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es que los diferentes cuerpos policiacos están corrompidos e infiltrados por el crimen organizado. La descripción que hace el presidente de la “extinta” Policía Federal (PF) –que en realidad no desapareció sino que fue integrada a la Guardia Nacional– durante la graduación de la 15ª. Generación del Curso de Formación Inicial del Servicio de Protección Federal (SPF) en el Campo Militar 1, es más que elocuente: falta de disciplina, falta de profesionalismo, falta de moral, falta de rectitud, falta de ética y falta de honestidad, sobre todo de los altos mandos. Estos señalamientos se le han aplicado desde hace mucho tiempo –y con razón– a prácticamente todas las policías del país. La misma descripción de la PF antes señalada ha sido utilizada para justificar la creación de nuevos cuerpos policiacos federales y estatales a lo largo y ancho del país. Olvidando ese discurso de las policías corruptas, mal capacitadas, inmorales y deshonestas, en el Decreto del 26 de marzo de 2019 en materia de Guardia Nacional se faculta a las Fuerzas Armadas a coordinarse con las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, conformando con ello el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, dentro de esta misma corporación policiaco-militar, el Servicio de Protección Federal, se ha creado un cuerpo de élite denominado “Policía Minera”, del cual en fecha reciente se ha graduado su primera generación con más de cien elementos y misma que fue auspiciada por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el argumento de proteger las instalaciones mineras de la delincuencia organizada. Hay razones para creer que este tipo de policía no será exclusivamente para la minería, ya que de acuerdo con el Reglamento de Protección Federal sus elementos pueden resguardar todo tipo de actividades concesionadas o permisionadas por el Estado. Y más recientemente, el 11 de mayo de este año, en el Acuerdo para disponer de las Fuerzas Armadas por parte del presidente en tareas de seguridad pública “Se instruye al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional.” Entonces, como podemos ver, este argumento no resiste el peso del análisis, ya que se mantienen los viejos cuerpos policiacos, a los que también se les asigna presupuesto a través de los gobiernos estatales y los ayuntamientos, pero además se echa en un mismo saco a esos viejos y corrompidos cuerpos policiacos con los “nuevos” cuerpos policiacos –militarizados– que son una mezcolanza de las FF. AA. con las policías corruptas e infiltradas.   La fuerza del Ejército es incorruptible Otro argumento para justificar la militarización, y que en realidad es continuación del anterior, es que si todas las fuerzas policiacas han sido infiltradas o corrompidas por los grupos del crimen organizado se hace necesaria la fuerza del Ejército, que es incorruptible por su disciplina, preparación y lealtad a México. La corrupción no es un fenómeno aislado en la sociedad capitalista, sino parte del ADN del capitalismo. No hay peor corrupción que la explotación laboral que se ejerce a través de todo el aparato del Estado y su superestructura. Aun cuando el presidente López Obrador afirme que eso no aplica en el caso de México. Mientras escribíamos este artículo se anunció la detención en los EEUU del ex Secretario de la Defensa, General Salvador Cienfuegos, a quien se le acusa de narcotráfico y lavado de dinero. Este solo hecho sería suficiente para destruir el discurso de incorruptibilidad  con el que el presidente López Obrador ha blindado a las FF. AA., y tomando en cuenta la verticalidad férrea que impera en las filas militares el hecho es demoledor y contundente por cuanto abarca a toda la institución castrense; seguramente esta aprehensión destapará una cloaca del tamaño del drenaje profundo de la Ciudad de México. Semanas antes una investigación periodística, realizada por el diario español El País, acusó a la SEDENA de un desvío millonario a través de empresas “fantasmas” durante el período del 2013 al 2019, es decir durante buena parte del tiempo que fue Secretario de la Defensa el General Cienfuegos, ahora detenido en EEUU, pero sobre quien afirmó el presidente López Obrador no existe en México investigación alguna, ni por narcotráfico, ni por lavado de dinero, ni por ningún otro delito. Pero aún sin este hecho –la detención del general Cienfuegos–, las FF. AA. no resisten un examen sobre su incorruptibilidad en la lucha contra el crimen organizado. Son incontables los ejemplos de mandos militares cooptados o vinculados a grupos criminales, recordemos el sonado caso del llamado “Zar antidrogas”, Jesús Gutiérrez Rebollo; pero también los casos del general Eduardo León Trauwitz, responsable de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de PEMEX, hoy prófugo de la justicia, y de más de una decena de militares de esa misma subdirección, principales responsables del huachicoleo en el país. Si en la lucha contra el crimen organizado los militares no han resistido la tentación de corromperse, no debemos olvidar que fueron militares los cofundadores del grupo delictivo de Los Zetas, que, al estilo de los militares norteamericanos que trabajan como “contratistas” para diferentes dependencias gubernamentales de su país o de “asesores” para otros gobiernos cuando en estricto sentido sólo son mercenarios, se alquilaban al cartel que requiriera y pudiera pagar “sus servicios”. Tampoco resisten un examen sobre la corrupción en el manejo y administración de las instituciones castrenses. Aunque la mayoría de la tropa y mandos medios, incluso los salidos del Colegio Militar, pertenecen por su origen a la clase trabajadora, sea obrera o de los sectores populares, es decir campesina, indígena o de zonas urbanas marginadas, los altos mandos militares son una élite estrechamente vinculada a la burguesía y los monopolios; que actúa como sus representantes oficiosos por los beneficios que pueden aportarles a aquellos desde sus cargos militares. Hacemos constar que la información de corrupción a la que nos referimos, que involucra a militares al frente del manejo y la administración de instituciones, obras y contratos, no sólo es anterior al gobierno de la Cuarta Transformación que ha tenido como uno de sus ejes rectores el combate a la corrupción. En los casi dos años de este sexenio diferentes investigaciones periodísticas han encontrado anomalías que bien pueden tipificarse como actos de corrupción y han expuesto a la luz nombres como el del General Agustín Radilla Suástegui, actual Oficial Mayor de la SEDENA. Sobre este tema hay un silencio sepulcral por parte del gobierno de la 4T. Otra medida que va en el mismo sentido “del combate a la corrupción” es la militarización de los puertos. Sin que exista garantía de que la corrupción se acabará pues, como lo afirma la Unión de Estibadores y Jornaleros del Puerto de Veracruz, la Marina siempre ha estado en los puertos, en labores de vigilancia, y si no ha sido parte de la corrupción tampoco la ha combatido.   Mandos civiles, no militares Otro argumento más que no resiste un examen incluso somero es el que afirma que los mandos de estos cuerpos policiacos militarizados son y serán civiles, o por lo menos mandos militares retirados, ello como garantía de que no son fuerzas militares. Pero veamos cómo actúan los civiles al frente de las policías militarizadas. En el caso de la Guardia Nacional, después de un simulado debate en el Congreso, el civil Alfonso Durazo abrió la puerta a los militares, desde su cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana, al acusar de corruptas a todas las policías del país; defendiendo la propuesta de que los mandos operativos fueran militares. Y así toda la plana mayor de la Guardia Nacional son miembros de la SEDENA o de la SEMAR. Veamos otra faceta de los mandos civiles que están al frente de estas corporaciones militarizadas. No son ninguna garantía de civilidad cuando se trata de personajes ampliamente reconocidos por sus posiciones ultraconservadoras y profundamente reaccionarias, aquí sí, usando estos términos en su acepción original. Un ejemplo es el caso del Servicio de Protección Federal y su mando civil, Manuel Espino, quien fuera presidente del PAN y con un amplio currículum en las filas de los enemigos de la clase obrera. Otro muestra es Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México (CDMX), quien ha sido vinculado reiteradamente a las actividades del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, sobre todo por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y con una estrecha relación con el General Cienfuegos y el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido también en los EEUU por sus nexos con el crimen organizado. Todo esto sin contar con que estos mandos civiles –y en realidad todo el aparato judicial– son representantes de los monopolios, que los colocan en sus respectivos puestos para favorecer o resguardar sus intereses.   Una fuerza capaz de contrarrestar el crimen organizado El siguiente argumento es el de la necesidad de oponer a los cárteles del crimen organizado una fuerza capaz de contrarrestar de manera efectiva su avance y creciente capacidad de fuego. Pero, ¿por qué si la capacidad de fuego y en general de operación de las FF. AA. en el país ha crecido constantemente, y en lo que corre de este sexenio esta capacidad ha rebasado por mucho los límites legales y presupuestales de sexenios anteriores, los cárteles siguen aumentando su potencia armamentista? En los últimos meses el incremento de la actividad del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha sido documentado en diversos medios y en las redes sociales. Desde el ostentoso despliegue de su capacidad de fuego, hasta el apoyo a sectores marginados de la población que evidencia la búsqueda de una base social aliada para blindar sus actividades delictivas; esto último replicado por otros cárteles que actúan en el territorio nacional. Y aunque puede pensarse que el CJNG es el más atacado por el gobierno federal, lo cierto es que esta misma agrupación criminal ha sido la que, de acuerdo con reportes especializados del propio gobierno norteamericano, ha logrado en mayor medida expandirse en los últimos años merced a que ha sabido aprovechar el debilitamiento de otros carteles golpeados por esta “exitosa” estrategia del gobierno federal; que si bien por un lado golpea y debilita a un cártel, por otro lado favorece que un cártel diferente se fortalezca y desarrolle. Y muchas veces estas consecuencias ocurren –como ahora se sabe– incluso al amparo de los responsables de combatirlos. Las cifras de víctimas por la violencia criminal en lo que va de este sexenio no varía significativamente de la de los dos sexenios anteriores. Esto es suficiente para probar que la legalización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no es una estrategia correcta para el combate al crimen organizado.   ¿Para qué entonces las FF. AA. en tareas de seguridad pública? Entonces ¿para qué se ha creado la Guardia Nacional y para qué se ha legalizado la presencia de las Fuerzas Armadas de México, el Ejército y la Marina, en tareas de seguridad pública? Lo evidente salta a la vista. Como cuerpos represivos del Estado al servicio de la clase dominante, la burguesía, las tareas en las que sí han tenido éxito son las que tienen que ver con la contención de los conflictos sociales que la propia crisis económica está generando no sólo en México, sino en toda el área de Norte y Centro América. Así, la Guardia Nacional ha sido usada como una especie de Border Patrol en la frontera sur del país; ha actuado también con eficacia en la contención de la protesta social en el tema del conflicto del agua en el estado de Chihuahua, más allá de que los partidos burgueses lo aprovechen y saquen raja del mismo; también ha sido utilizada para desalojar las protestas que toman y liberan las casetas de peaje o bloquean vías férreas. Esto por citar ejemplos recientes de sus operaciones. Lenin afirmaba –refiriéndose al ejército zarista– que éste se descompone con enorme rapidez dado que no es una fuerza neutral. Afirmaba también que en todos los países capitalistas “el ejército regular sirve no tanto contra el enemigo exterior como contra el enemigo interior. En todas partes el ejército regular se ha convertido en instrumento de la reacción, en sirviente del capital en su lucha contra el trabajo, en verdugo de la libertad popular.” La descomposición del ejército debe entenderse en dos sentidos, uno revolucionario y otro contrarrevolucionario. Aquí hemos visto cómo el ejército mexicano se halla en un estado de descomposición contrarrevolucionario, por más que hoy el gobierno de la 4T se esfuerce en “mejorar” las condiciones materiales de la tropa su estructura se halla corrompida desde la cúpula militar. En cuanto al planteamiento de que “el ejército regular es un sirviente del capital en su lucha contra el trabajo”, hasta ahora éste se concibe limitado sólo a ciertos aspectos de la caracterización pues la mayoría de los análisis realizados a propósito de la militarización se centran en el tema de la represión, al ésta aparecer como la preocupación más inmediata a denunciar y no falta razón para ello. Hay elementos que abonan en ese sentido. Hoy el Gobierno Federal reconoce la cómplice participación de militares en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, para los cuales ya existen órdenes de aprehensión. Las acciones de choque de la Guardia Nacional, incluyendo el uso de armas de fuego, hoy están debidamente reglamentadas por las leyes secundarias que oficialmente regulan a la Guardia Nacional. Quedaría incompleto el análisis si olvidamos que el imperialismo es la guerra. Que en este periodo del desarrollo capitalista las guerras son el pan de cada día. Y que la guerra es la continuación de la política por otros medios, de tal manera que la militarización no es un proceso unilateral al que hay que contemplar resignadamente, pues –como acotamos al inicio del presente documento– conlleva en sí una escalada armamentista que de una u otra manera involucra a todas las clases sociales. Así vemos como todos los países del mundo se pertrechan y establecen alianzas regionales no sólo de carácter comercial, sino también desde el punto de vista militar. No exageramos al afirmar que el Estado Mexicano se prepara también para la guerra. Pero la experiencia histórica y la sistematización de esa experiencia nos muestran que es posible que una guerra imperialista pueda ser transformada en una guerra civil, o pueda desembocar en una insurrección armada. Desde hace tres sexenios las FF. AA. mexicanas han establecido vínculos cada vez más estrechos de coordinación y cooperación militar, en el marco de la Iniciativa Mérida, con sus pares de los EEUU. Pero el tema de fondo en esta iniciativa es que bajo la fachada del combate al crimen organizado y al narcotráfico se prepara toda una maquinaria de carácter contrainsurgente. Por eso a pesar de las sumas millonarias que a través de esta Iniciativa se han entregado, vía equipo militar, armamento y disposición de efectivo a ambos ejércitos los resultados son prácticamente nulos. La burguesía, los monopolios y su Estado saben que en un conflicto bélico de carácter externo, es decir entre Estados capitalistas, el peor escenario para ellos es el de la posibilidad de la guerra civil y de la insurrección armada. Por ello la militarización es un asunto urgente de resolver de la mejor manera, es decir de manera legal, de ahí entonces la necesidad de legislar y legalizar todas las formas posibles del acelerado proceso de militarización. En el otro lado de la lucha de clases, para los comunistas y la clase obrera una guerra de carácter imperialista debe ser aprovechada para volverla una insurrección contra el Estado capitalista, de ahí que este último necesite tal grado de militarización.   Conclusión Siguiendo esta línea argumentativa, tenemos que pensar que el nivel de confrontación de la lucha de clases no sólo continuará, sino que irá escalando y diversificando las formas en que éste se exprese. Lenin, acorde a una tesis de Marx, señala que a medida que la revolución avanza engendra una contrarrevolución fuerte y unida. En otros términos, la posibilidad de una revolución obliga al enemigo a recurrir a medios de defensa cada vez más extremos y por lo mismo elabora medios de ataque cada vez más poderosos. Ya en otros escritos me he referido a nuestra tarea permanente en el trabajo obrero-sindical, planteando que dentro de este trabajo se debe dedicar un gran esfuerzo a educar a los obreros para la lucha de clases. A elevar la conciencia y la organización política de la clase obrera para que ésta tenga la determinación de luchar no sólo por sus demandas económicas, sino contra todo el modo de producción capitalista.** Esto ante la posición claudicante y de postración del sindicalismo conciliador y colaboracionista, es decir del sindicalismo que pretende conciliar los intereses del trabajador y del patrón, de ese sindicalismo que tanto daño ha hecho a nuestra clase pretendiendo una posición unitaria o una comunidad de intereses entre la clase burguesa y el proletariado. En la actualidad diversos sectores que tienen años organizados, como los pueblos indígenas, o algunos que surgen de manera espontánea al calor de demandas que son de vida o muerte, como las movilizaciones contra los feminicidios, llevan sus protestas y su lucha a niveles cada vez más confrontativos. Pero la clase obrera hasta hoy comienza a ser un actor protagónico, luchando por conquistar su verdadera independencia de clase para elevar el carácter económico de sus demandas a una lucha por objetivos políticos. Aparece apenas incipiente, y con un largo camino por recorrer para dar el salto del espontaneísmo a la organización y planificación masiva de la lucha de los trabajadores; pero ya se transita de formas exclusivamente legalistas, que el sindicalismo colaboracionista llevó al grado de fetichismo, a la combinación de otras formas de lucha con un contenido político de clase, de la que carecían en los últimos tiempos la movilización y la protesta de los trabajadores, y que en la actualidad lo mismo aunan tomar la calle para marchar, hacer plantones y ocupar las instalaciones de aquellas dependencias responsables de hacer valer sus derechos laborales. La afirmación de que la militarización atraviesa toda la vida social se basa en que involucra a todas las clases sociales de manera activa. La militarización en México ha desencadenado inevitablemente una escalada armamentista, ya que en la medida que aumenta la presencia y la capacidad de intervención y de fuego de las FF. AA.; aumenta también la capacidad de acción y el poder de fuego por parte de los cárteles y grupos del crimen organizado, los más de estos grupos incluso tolerados y fomentados por el ejército en forma de grupos paramilitares; e igual se forman y arman grupos civiles financiados por propietarios, denominados como autodefensas; y también se arman los pueblos indígenas, que forman policías comunitarias, policías populares o ciudadanas. Por todo lo anterior la clase obrera no puede y no debe quedarse en la contemplación del fenómeno. Por diversos aspectos, de carácter defensivo u ofensivo, que en un momento dado se puedan confirmar como tareas fundamentales por parte de la misma clase obrera, la militarización también le atañe directamente y en alto grado, al ser la contradicción capital-trabajo el principal e irreconciliable antagonismo que subyace en la sociedad burguesa contemporánea. A diferencia de quienes analizan o denuncian el tema de la militarización con preocupación y hasta con temor, para nosotros los comunistas es importante entender de una manera correcta este fenómeno y la “carrera armamentista” que trae consigo. La tradición comunista, desde las primeras experiencias de lucha por la toma del poder por parte del proletariado, ha recomendado siempre el estudio sistemático de la insurrección armada como una forma de lucha que se debe tener en cuenta en todo momento. Esta tarea –la del estudio sistemático de esta particular forma de lucha– corresponde en primer lugar a los comunistas. Para con ello poder actuar en consecuencia ante la clase obrera y sus aliados, los sectores populares, en la lucha por su emancipación y la instauración del Socialismo-Comunismo. https://lanigua.com.mx/desarrollo-dialectico-de-la-militarizacion-y-la-lucha-de-clases-en-mexico/