Xalapa, Ver.- "A casi 7 años de haber denunciado el escandaloso desfalco por casi 8 mil millones de pesos del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) ante la Fiscalía General del Estado (FGE), solo se han tenido aplazamientos y demoras en la integración de la carpeta de investigación, lo que hace suponer que se busca que prescriban los delitos y cerrar este caso", así lo manifestó Godeleva Rosa Ortiz Viveros, presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz, A. C. (Copipev), quien dijo que el desfalco se inició desde el gobierno de Miguel Alemán Velasco, seguida del de Fidel Herrera Beltrán, pero el de Javier Duarte de Ochoa, fue donde arrasó con casi toda la reserva técnica del instituto, al dejarla de 9 mil millones de pesos en poco más de mil millones de pesos.
La representante de la Copipev destacó que pese a que se han aportado todas las evidencias requeridas, incluyendo un dictamen pericial contable, que muestra sin lugar a dudas la incorrecta utilización de los recursos del IPE, para fines de los que fue legítimamente destinados,el pago de las pensiones y prestaciones de ley de pensionados y jubilados de Veracruz, así como sus actores, expresó que cuando una carpeta o un juicio si no está suficientemente fundamentado o no tiene documentos que lo acrediten, en un periodo de tres años, de inmediato lo mandan a la congeladora, por lo que de manera estratégica no se permite que se cumpla ese plazo y se aportan nuevos elementos de prueba para evitar esa acción de parte de las autoridades fiscales.
Explicó que ya se llevan dos años de que se rescató del archivo muerto la denuncia y se reactivó la carpeta y el Juez ordenó que los fiscales revisaran el dictamen que habían hecho porque era contradictorio e insuficiente y ahora se tiene otro dictamen de parte de la Fiscalía, y falta la valoración de las pruebas presentadas por el Instituto y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) para que se determine si con las pruebas presentadas es suficiente para el Juez determine si se judicializa o no, admitió que por la tardanza en el que se incurre, se presume que se pretende que prescriban los delitos, porque "pese a que se aportaron nuevas pruebas y el plazo se amplió, tenemos miedo de que esa sea la intención de alargar el juicio para que prescriban los delitos".
"Es por eso que se está exigiendo a la Fiscalía General del Estado una respuesta inmediata a nuestra demanda, así como una respuesta seria y no dilatoria por parte de la misma y del propio gobierno estatal, para no llegar a ese extremo y evitar mayor quebranto financiero al IPE, cifra su temor porque el Fiscal responsable del caso ha argumentado que las pruebas presentadas por las dependencias mencionadas son insuficientes, contradictorias y algunas veces hasta falsas, es por ello que se está insistiendo en que se valoren las pruebas y que el Juez determine lo conducente", reveló que se ha solicitado desde diciembre del 2022 una audiencia con la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns y quedaron en que en estos días nos recibirá, por lo que se le está insistiendo en que nos reciba para mostrarle nuestro desacuerdo con la actitud dilatoria que se está tomando y exigir que se tomen cartas en el asunto.
Por otro lado, dio a conocer que por el momento el pago de las pensiones a los derechohabientes del IPE están garantizadas, pero es necesario que el gobierno del estado cumpla con sus obligaciones y se pague el adeudo que se tiene con la institución, porque a pesar de que se está aportando, solo es de aproximadamente 80 millones de pesos lo que se ha cubierto de ese desfalco de la reserva técnica que asciende a $7,887,312,619.32.
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