martes, 2 de mayo de 2023

Cámara Baja de Florida aprueba la ley más dura del país contra la inmigración indocumentada

La nueva ley, que fue enviada al escritorio del gobernador Ron DeSantis, castiga con multas y cárcel el transporte de inmigrantes indocumentados, prohíbe las licencias de manejar de cualquier estado a extranjeros sin papeles y ordena a los hospitales verificar el estatus migratorio de los pacientes y entregar esa información al estado.
Por:: Jorge Cancino / Univision
  Por 83 votos a favor y 36 en contra (todos demócratas y un republicano), la Cámara de Representantes de Florida aprobó este martes un duro paquete de ley migratoria contra la inmigración indocumentada (H.R. 1617), convirtiéndose en el estado con la ley más dura en su tipo en Estados Unidos.

La nueva legislación, respaldada por el gobernador Ron DeSantis, incluye cambios al programa E-Verify, que verifica el estado migratorio de los trabajadores, añade fondos para un programa de transporte de inmigrantes indocumentados y aumenta las sanciones por tráfico de personas sin autorización de permanencia en el país.

Entre los cambios, el proyecto de ley cambia el requisito de obligar a los empleadores con más de 25 empleados a usar el programa federal de ferificación de empleo. Y aquellos con menos de 25 empleados necesitarían usar el proceso I-9 actual. La ley actual indica que el E-Verify solo es obligatorio para los empleadores públicos y sus contratistas.
El resumen del proyecto publicado en la página digital de la Asamblea Estatal de Florida explica que la iniciativa prohíbe que los condados y municipios proporcionen fondos a cualquier persona, entidad u organización para emitir documentos de identificación a personas que no presenten prueba de presencia legal en EEUU; requiere que los hospitales recopilen información sobre el estado migratorio de los pacientes al momento de la admisión; requiere que ciertos empleadores privados usen el sistema E-Verify para verificar la elegibilidad de empleo de las personas que aceptan ofertas de empleo; elimina la disposición que autoriza a los inmigrantes no autorizados a obtener una licencia para ejercer la abogacía; y establece sanciones penales para las personas que a sabiendas y deliberadamente violen, o que razonablemente deberían saber y violar, ciertas disposiciones relacionadas con el transporte a este estado de personas que ingresaron a EEUU ilegalmente y sin la inspección del gobierno federal

El proyecto de ley, que ya había sido aprobado por el Senado estatal (S.B. 1718), fue enviado parea la forma del gobernador DeSantis, quien ha hecho e la inmigración un tema de campaña para una posible candidatura a la nominación presidencial del Partido Republicano.

El proyecto de ley antiinmigrante fue patrocinado por los representantes republicanos Berny Jacques (Seminole) y Kiyan Michael (Jacksonvillea). Michael compartió la historia de su hijo quien falleció durante un accidente automovilístico en el que estuvo involucrado un inmigrante indocumentado que no tenía licencia de conducir.

“Este proyecto de ley habría marcado una gran diferencia porque habría evitado, de muchas maneras, o habría tenido la oportunidad de evitar la muerte de nuestro hijo”, dijo Michael durante la sesión previa al voto. El responsable de la muerte del hijo de Michael ingresó ilegalmente al país al menos dos veces, según el legiuslador estatal.

De qué se trata la nueva ley

Entre otras medidas, la nueva ley obliga a los hospitales que aceptan Medicaid y a los departamentos de emergencias a recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes y entregarlos al estado. Incluso cuando visitan la sala de emergencias.
Además, asigna un presupuesto de $12 millones para llevar a inmigrantes indocumentados a otros estados.
Tras recomendaciones:
  • Prohíbe el uso de licencias de conducir válidas de otros estados en manos de indocumentados;
  • Obliga a los hospitales a recopilar información sobre el estado migratorio de los pacientes y presentar informes trimestrales; modifica reglas para poder compartir la información de los pacientes indocumentados;
  • Aumenta las multas por emplear a inmigrantes sin papeles;
  • Castiga con mayor severidad a los reincidentes por contratación ilegal.
La iniciativa de ley también:
  • Impone severas penas de cárcel a extranjeros que, a sabiendas, utilicen papeles falsos;
  • Establece el uso obligatorio del programa federal E-Verify;
  • Ordena auditorías aleatorias de empresas para verificar cumplimiento del uso del E-Verify;
  • Amenaza con quitar de por vida licencias de operación a empresas que reincidan en la contratación de indocumentados;
  • Prohíbe que indocumentados ejerzan como abogados (en el caso de dreamers protegidos bajo el programa DACA); y establece multas y penas de cárcel para quienes transporten indocumentados (no explica qué pasa con aquellos matrimonios mixtos).

La versión final no incluye un texto que recomendaba convertir en delito grave de tercer grado transportar a sabiendas, ocultar o albergar a un extranjero indocumentado. Pero haría que sea un delito grave de tercer grado transportar a sabiendas a individuos que se encuentran ilegalmente en el estado de Florida, postura que condenan y rechazan las iglesias.

El plan incluye, además:
  • Invalidar todas las licencias de otros estados para extranjeros no autorizados;
  • Requiere que aquellos que se registren para votar afirmen que son ciudadanos de los Estados Unidos y residentes legales de Florida;
  • Evita que los inmigrantes no autorizados sean admitidos para ejercer la abogacía (dreamers protegidos por DACA);
  • Elimina exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes indocumentados;
  • Requiere que los hospitales recopilen datos sobre el estado migratorio de los pacientes y los costos para brindar atención a los extranjeros indocumentados y que informen periódicamente los datos al Gobernador y la Legislatura;
  • Aumento de las penas por tráfico de personas.

Respecto a los castigos a acusados de transporte de indocumentados, indica que el transporte de personas indocumentadas o sin papeles de estadía regulado al estado sea convierta en un delito punible con hasta 15 años de prisión. La nueva legislación también incluye acusarlo de un delito grave por regresar al estado de Florida cuando vive aquí de forma permanente. También castiga la entrada al estado por turismo o reuniones de negocios con amigos, compañeros de trabajo o familiares sin un estatus migratorio regulado o permitido.

“Chivos expiatorios políticos”

Tras la aprobación en la Cámara de Representantes estatal de Florida del proyecto de ley H.R. 1617, organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes no tardaron en reaccionar y condenar la iniciativa enviada para la forma del gobernador DeSantis.
“A lo largo de esta sesión legislativa, la mayoría de los congresistas estatales han tratado de utilizar a nuestras comunidades como chivos expiatorios políticos en su incansable búsqueda para promover las ambiciones políticas de la línea del partido (republicano)”, dijo Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC).
“Esta legislación busca crear una frontera falsa entre Florida y el resto de los Estados Unidos. Está destinada a criminalizar a las personas que aún atraviesan el complicado proceso de inmigración y a sus familias, y amigos por visitar el estado”, señaló.

Petit dijo además que la nueva legislación “limitará el acceso a nuestros renombrados proveedores de atención médica para aquellos que buscan atención cardiovascular o contra el cáncer que les salve la vida” Y que el único propósito y resultado de esta nueva ley “será aumentar la división intencional en nuestras comunidades”.

Según el análisis de FLIC, la propuesta de ley aprobada este martes “no está destinada a brindar la protección que reclaman, y no brindará una solución al sistema federal de inmigración que no funciona. La crisis fronteriza es propaganda que fomenta el miedo y se utiliza como excusa para aumentar la extralimitación del gobierno”.

Para Renata Bozzetto, subdirectora de Florida Immigrant Coalition, la nueva ley migratoria de Florida “es negligente” y contiene “un increíble potencial de daño”. Y agregó que “es triste y muy revelador que, durante la única audiencia del comité de la Cámara, todos los que vinieron a testificar desde todos los rincones de nuestro estado, lo hicieron en contra y el proyecto de ley aun así se aprobó según las líneas del partido republicano”.

Convierte en “delincuentes” a los floridanos

Según la organización UnidosUs, antiguo consejo Nacional de La raza (NCLR), la nueva legislación republicana de Florida “es dañina” y convertirá “en delincuentes a los floridanos que brindan ayuda a familiares, amigos o vecinos indocumentados, incluidos aquellos que han vivido en el estado durante muchos años y tienen hijos que nacieron en Estados Unidos”.

“Florida se ha enorgullecido durante mucho tiempo de ser un estado acogedor para todos los que vienen aquí. Desafortunadamente, el Proyecto de Ley 1617 de la Cámara de Representantes es el ejemplo más reciente de la negativa de la mayoría legislativa a abordar las necesidades reales de la comunidad hispana, como reducir el costo de la vivienda y los servicios públicos, reducir las tarifas de los seguros y ampliar el acceso a la atención médica”, dijo Jared Nordlund, director de defensa del Estado de UnidosUS Florida.

Agregó que la polémica legislación “se dirige a todos los inmigrantes que viven en Florida, independientemente de su estatus legal o de cuántos años hayan vivido en nuestro estado” y golpea a millones de floridanos “que aportan millones de dólares de impuestos y alrededor de $12.600 millones a la economía del estado”.
En un momento en que debería estar trabajando para mejorar el bienestar de todos los floridanos, la mayoría legislativa ha optado por habilitar a los especuladores, especuladores y monopolios corporativos a expensas de los contribuyentes que trabajan arduamente.
Nordlund dijo además que al destinar $12 millones de los contribuyentes para financiar el Programa de Transporte de Extranjeros No Autorizados, “los representantes del gobierno estatal manipularán a muchos más inmigrantes para que sean traficados a otros estados, replicando el vergonzoso truco político que envía a adultos y niños a Martha's Vineyard, Massachussets, sin saberlo”.
El programa mencionado por Nordlund fue ordenado por DeSantis en septiembre del año pasado y utilizó vuelos privados para trasladar desde Texas a Massachussets a decenas de inmigrantes que estaban en proceso de deportación luego que el gobierno federal los procesara en la frontera y los pusiera en libertad bajo el Programa Alternativo de Detención y esperar libres la resolución de sus casos de asilo en los tribunales de inmigración.

“H.B. 1617 nos afectaría a todos. Bajo H.B. 1617 los empleadores y proveedores de atención médica de Florida se verían obligados a actuar como agentes del orden público y verificar el estado migratorio de cada empleado y paciente que recibe atención médica vital. Los floridanos que brindan servicios a inmigrantes, incluidas iglesias, abogados y proveedores de servicios sociales, podrían ser vulnerables a ser procesados por hacer su trabajo@, advirtió el director de defensa de UnidosUs.

La postura de DeSantis

Para el gobernador DeSantis, las “crecientes amenazas que plantea la inmigración ilegal como resultado de la administración Biden para asegurar las fronteras”, fue el motivo para impulsar esta dura iniciativa de ley.
Sin embargo, al igual que con otras políticas migratorias similares empujadas durante su gobernatura, DeSantis no explica que la política fronteriza de Biden durante los dos primeros años de gobierno se ha basado en el cumplimiento del debido proceso; es decir, todos aquellos que tienen una causa probable de asilo son procesados de acuerdo con lo permitido por la ley de inmigración vigente y son los jueces de inmigración quienes deciden el futuro de estas personas en Estados Unidos.
Pero a pesar de que los inmigrantes liberados en la frontera no tienen una admisión por parte de las autoridades federales y tampoco acumulan tiempo ilegal de permanencia en Estados Unidos, para DeSantis se trata de extranjeros indocumentados que deben ser detenidos y expulsados.

Ante esta interpretación de la ley federal, el gobernador de Florida pide aumentar las sanciones por tráfico de personas, fortalecer los estatutos para la detención de extranjeros inddocumentados, exigir el uso universal de E-Verify, mejorar las sanciones por falsificación de documentos y prohibir que los gobiernos locales expidan tarjetas de identificación a personas que no se encuentran legalmente en el país.

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