El Equipo Humanitario País (EHP), un espacio de coordinación de agencias de Naciones Unidas y oenegés, afirma que ese número de estudiantes no asiste por amenazas hasta fuego cruzado, reclutamiento y desplazamientos
Daniela Díaz/ El País
En el corregimiento de Piedritas, en el Valle del Cauca, hace unos días las comunidades denunciaron que en medio la captura de un miembros de las disidencias, el Ejército Nacional se atrincheró en la escuela y desde allí disparó, poniendo en riesgo a los estudiantes que se encontraban dentro de la institución. En otra parte del país, la personería de Tame, Arauca, alertó la presencia de minas antipersona y trampas explosivas en la escuela Brisas de Cuiloto, en la vereda del mismo nombre.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, estas situaciones que ponen en riesgo a los estudiantes se han vuelto más frecuentes, y las organizaciones humanitarias señalan un incremento particular en las afectaciones contra los niños y sus entornos escolares. De acuerdo con la Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA) los ataques a instituciones educativas van al alza, pues mientras en 2018 registraron 20, en 2021 fueron 35, y en el primer semestre de 2022 sumaron 16. El Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la oenegé Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO) indicó que las ocupaciones a instituciones educativas se presentaron en el Caribe y el Pacífico, como consecuencia de la presencia del llamado Clan del Golfo.
Los ataques a instituciones educativas es solo uno de los numerosos problemas que identificó el Equipo Humanitario País (EHP), un espacio de coordinación de agencias de Naciones Unidas y oenegés. EHP advierte que hay alrededor de 2 millones de niños en Colombia que no pueden recibir clases presenciales ni educación formal por cuenta de hechos que van desde amenazas hasta fuego cruzado, pasando por reclutamiento de grupos armados ilegales y desplazamientos masivos. Los departamentos más afectados son Norte de Santander y Arauca, en zonas fronteriza con Venezuela, y Nariño, Cauca y Chocó, precisamente en el Pacífico. Juan Gabriel Wells, director del Consejo Noruego para Refugiados para Colombia, Ecuador y Panamá, explica a EL PAÍS lo que han encontrado: “Es extremadamente preocupante la presencia de minas antipersonal y artefactos explosivos alrededor y de camino a las escuelas. El costo de estudiar en la zona rural no debería ser poner en riesgo la vida ni la integridad física”.
Además, la violencia ha puesto en la mira a muchos docentes, que suelen ejercer roles de liderazgos en sus comunidades. Solo en las último mes FECODE, la central sindical de los educadores, registró el asesinato de un profesor en Caquetá y otro en Norte de Santander. Las amenazas también son un riesgo que crecimiento: la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca hizo un llamado al Gobierno para que atienda a los más de 200 maestros amenazados en el Cauca.
La escuela, un entorno seguro
Desde 2016 Noruega y Canadá lideran la iniciativa internacional Escuelas Seguras, para “proteger a los estudiantes, profesores, escuelas y universidades de los peores efectos del conflicto armado”. Escuelas Seguras tiene una declaración que han suscrito 80 países, entre los que no figura Colombia. Durante los cuatro años del mandato de Iván Duque diferentes organizaciones sociales insistieron en la importancia de que el Estado suscribiera el compromiso. No ocurrió.
Según fuentes de la Cancillería, meses antes de acabar su mandato la administración Duque preparó un concepto para finalmente adherir a la declaración, pero de forma condicionada. Aludiendo a temas de seguridad nacional, el Ministerio de Defensa se negaba a aceptar algunos puntos, como los referentes a bombardeos que involucraran menores de edad o al uso de instituciones educativas en el marco de combates.
Las organizaciones que lideran la iniciativa esperan que el nuevo Gobierno firme la declaratoria. Los ilusiona particularmente la participación del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en septiembre en la conferencia “La Educación Bajo Protección en Colombia” donde anunció medidas para contener el impacto del conflicto sobre los niños: “Hemos desarrollado una fase de exploración y de acercamientos con diversos grupos armados solicitando, exigiendo, la importancia de un desescalamiento de la violencia, que permita que los niños, las niñas, los jóvenes, los profesores puedan participar en los procesos educativos formales”, aseguró.
Para las organizaciones humanitarias los compromisos con la educación de la niñez no dan espera, como asegura Wells: “Instamos a Colombia a seguir las acciones y directrices propuestas en la Declaración que previene el uso de escuelas y ataques a la comunidad educativa”. A ese llamado se suma Felipe Cortés, director de incidencia y comunicaciones de Save The Children: “El Gobierno tiene la oportunidad, después de 7 años, de responder al llamado de suscribir la declaración de escuelas seguras, ahora para avanzar hacia una paz total”.
En el Consejo Noruego consideran que, en paralelo a una eventual adhesión, el Gobierno debe promover acciones inmediatas para contrarrestar los efectos que ya tiene la violencia sobre la educación, como “invertir en un mayor número de docentes en las zonas rurales y en su formación para que cuenten con herramientas de afrontamiento y apoyo psicosocial para niños y niñas afectados por el conflicto armado”.
Precisamente, durante la 4ª Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras en Nigeria en 2021, la voz protagonista fue la de los niños que representaban a más de 10 países. En el encuentro, los niños crearon un manifiesto para exponer sus miedos, reclamar el cese de la violencia en su contra y pedirle a los gobiernos del mundo firmar un compromiso para su protección. Sus exigencias fueron claras: “Queremos hacer un llamamiento a la acción a todos los países del mundo. Queremos sentirnos seguros y dejar de preocuparnos por nosotros, nuestras familias, nuestros amigos y amigas. No queremos seguir teniendo miedo”.
