- La acusan por daño patrimonial superior a los 25 millones de pesos
Ixtaczoquitlán, Ver.- La mañana del miércoles, Goretti Marini González titular de la Junta Local de Conciliación y arbitraje fue notificada de una denuncia en su contra por daño patrimonial del orden de los 25 millones de pesos, debido a una actuación ilegal y desapegada a derecho que afectó a los dueños de la empresa Romanchu S.A de C. V.
La denuncia por este daño patrimonial está radicada en la Fiscalía Anticorrupción en contra de la titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje 12 de Orizaba con sede en Ixtaczoquitlán, Goretti Marini González, en la carpeta con el numeral 22/2022.
Una vez terminada la notificación el representante legal de la empresa Romanchu SA de CV, Arturo Acosta Martínez ofreció entrevista donde informó que ha 10 años de este juicio en el año 2019 la titular de la Junta realizó el remate de bienes inmuebles causando un daño patrimonial por más de 25 millón de pesos.
El representante legal y apoderado de la señora Norma Guraieb Shible, presento la denuncia contra de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 12 de Ixtaczoquitlán por un daño patrimonial causado a la empresa Romanchu de aproximadamente de 25 millones de pesos.
"Fue una actuación ilegal, corrupta y desapegada a derecho que ha cometido la presidenta de la Junta por lo cual desde enero de este año presentamos una denuncia en Xalapa en la Fiscalía Anticorrupción bajo la carpeta 22/2022”. Explicó.
El representante legal señalo que hay muchas situaciones que se vienen dando al interior de la junta y es por eso que se notificó a la presidenta de la Junta, a la Secretaría de Trabajo, al Gobierno del Estado para que este asunto pueda llegar a sus últimas consecuencias y se haga la reparación del daño a la empresa.
"Fue un remate judicial que fue ilegal y que continúa realizando la presidenta sin notificar y sin permitir el expediente y con demás irregularidades”. Aclaró.
Y si bien el laudo ya existía desde hace mucho tiempo, las irregularidades que existen, se han originado después del remate judicial derivado a que no existe una actualización en el valor del inmueble.
“No existen algunos medios de impugnación pendientes de resolver, no existe también una denuncia que se presente y la cual la señora presidenta tiene conocimiento y que tuvo que haber excusado y siguió actuando”.
Señaló que muchas situaciones se dieron contra de la empresa y el remate se frenó por la pandemia del COVID, y llega ella como titular de la junta y de la noche a la mañana hace todos los movimientos agraviando a una de las partes.