Pretenden
que se aprueben y entren en vigor al mismo tiempo que la normatividad original
Fernando Camacho Servín
México,
DF. Una vez
logrado el tema central de hacer que la Ley General de Víctimas se publicara,
las organizaciones y especialistas que la impulsaron van a promover de
inmediato una serie de reformas con el fin de mejorarla, para lo cual entraron
en contacto con funcionarios, legisladores y miembros de partidos políticos.
En entrevista con La Jornada, Silvano Cantú, abogado especialista
en derechos humanos, explicó que entre los puntos susceptibles de cambio se
encuentra el del tope a los montos de indemnización económica para las víctimas
–actualmente fijado en un máximo de 500 salarios mínimos–, pues los grupos que
diseñaron la ley consideran que el pago debe ser proporcional al daño, en vez
de guiarse por un límite “arbitrario”.
Al mismo tiempo, proponen que cuando el Estado indemnice a una víctima
de forma subsidiaria –es decir, tomando el lugar del responsable de un delito
que no pueda pagar por cualquier motivo–, exista la posibilidad de que el
gobierno recupere ese dinero cuando el individuo responsable ya pueda hacerse
cargo de su obligación financiera. De esta manera se establece un criterio de
proporcionalidad para que el Estado le otorgue recursos sólo a las víctimas que
lo necesitan y en la medida en que haga falta.
Por otro lado, también se pugnará por conseguir la plena autonomía del
sistema nacional de atención a las víctimas, para evitar que ese tópico tenga algún
tipo de limitación por parte del gobierno federal, y por lo tanto pueda
representar de manera efectiva los intereses de las víctimas, añadió Cantú.
De igual forma, se buscará que además de las víctimas directas e
indirectas de la violencia se reconozca la tercera categoría de “víctimas
potenciales”, es decir, aquellas que por su relación con quienes han sufrido
algún agravio también pueden resultar agredidas, como los abogados o defensores
de derechos humanos, quienes de esta forma podrían ser beneficiados con medidas
de protección.
Por su parte, el también abogado Julio Hernández Barros apuntó que otra
posible reforma a la ley se refiere a la necesidad de “adelgazar” el sistema
nacional de atención a las víctimas, pues en su formato actual dicho organismo
incluye a una cantidad excesiva de funcionarios –abarcando los presidentes de
los más de 2 mil municipios del país–, lo cual podría desviar muchos recursos a
la burocracia en vez de dedicarlos a otras tareas más importantes.
Además, se propondrá aclarar las atribuciones del gobierno federal, los
estados y los municipios, pues en la versión primaria de la ley, publicada el 9
de enero, dichas facultades siguen siendo un tanto vagas, lo cual puede dar pie
a que algunos funcionarios traten de evadir su responsabilidad.
“Se ha trabajado muy duro en estas reformas y hasta donde sé ya están
prácticamente listas. Ahora lo que seguiría es que el Ejecutivo las envíe al
Congreso, tal vez como una iniciativa preferente, para que estén listas al
mismo tiempo en que entre en vigor la ley”, sostuvo Hernández.
“Esta norma tiene la virtud de unir a quienes eran como el agua y el
aceite. Hemos platicado con gente cercana a Enrique Peña Nieto, como Claudia
Ruiz Massieu (secretaria de Turismo), Jesús Murillo Karam (procurador general
de la República) y Humberto Castillejos (consejero jurídico de la Presidencia),
y tenemos amplia confianza de que en el próximo periodo ordinario de sesiones
del Congreso puedan salir, porque son reformas de consenso”, manifestó.
