“Su encarcelamiento fue por motivos políticos”
(Ricardo Bustos)
Jorge Salazar García.
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Cualquier persona privada formalmente de su libertad sin haber cometido delito, se convierte en preso político cuando su arresto dimana de la militancia en un sector o grupo étnico cuyas ideas son consideradas desafío o amenaza para el régimen establecido. Higinio Bustos Navarro (HBN) encuadra en la definición. Está siendo juzgado en su calidad de indígena náhuatl y pertenencia al “Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), organización que trabaja por el derecho humano a una vida digna, contra la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y la libertad de los presos políticos” (A/HRC/WGAD/2024/41, Consejo de Derechos Humanos de la ONU). Este defensor del derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y al territorio, fue detenido el 3 mayo de 2021 en la comunidad de San Sebastián; Chicontepec, Veracruz. Doce agentes de la Fiscalía General de Veracruz, portando armas de alto calibre descendieron de una camioneta blanca sin placas, lo secuestraron sin mostrarle orden de aprensión ni identificación. Fue llevado al CEREZO de Tantoyuca acusándolo de haber asesinado, en 2008, a un militar activo que desempeñaba funciones de espía, infiltrado en las comunidades. Desde la detención, todo su proceso ha estado cubierto de irregularidades, contradicciones y evidentes falsedades, causando la movilización de familiares, compañeros del FNLS y de su pueblo, donde tenía a su cargo el manejo del tractor agrícola comunitario.
El primero de mayo de 2023, sus compañeros, que mantenían un plantón frente al palacio de gobierno estatal exigiendo su liberación, se incorporaron al contingente del desfile y se manifestaron ante el gobernador Cuitláhuac García. Esto molestó tanto al sátrapa que, a la mañana siguiente, ordenó trasladar a Higinio al CEREZO de Coatzacoalcos: lejos de Tantoyuca, lejos de su familia. Eso sí, ese gobernador de mala entraña, cuya prioridad fueron los desvíos de recursos para las campañas políticas y pachangas, los ignoró y hostigó durante los 365 días que solicitaron ser escuchados. El 8 de diciembre del mismo año, a pesar de las obvias irregularidades procesales y violación de los derechos humanos, HBN fue sentenciado a 20 años de prisión y al pago de multa de, aproximadamente, 80 mil pesos. La sentencia fue confirmada en segunda instancia (Xalapa) sin aceptar pruebas de descargo, evidenciando su criminalización política.
Su hijo, Ricardo Bustos, al preguntarle la razón de la sentencia, la calificó como una especie de escarmiento, debido a que “contradecimos al ejecutivo federal de que, como hay una transformación en el país, no hay necesidad de organizarse”, dijo. ¿Tienen esperanza de que sea liberado?
Encierro, destierro o entierro
La detención arbitraria y el arraigo en prisión de Higinio, parecieran haber sido maquinados por el ejército a través de la PGR, hoy Fiscalía General de la República. De ese modo operan las fuerzas de seguridad y el sistema judicial en México cuando se trata de indiciar a críticos o rebeldes al sistema. La ley se aplica amañada y radicalmente si la persona, además de ser campesino e indígena, milita en una organización de izquierda. Hasta las Comisiones de Derechos Humanos (CDH), acopladas al sistema judicial, sirven de herramienta para ablandar, criminalizar, escarmentar o silenciar a cualquiera que desnude la cleptocracia en turno. Casos como el mencionado y los laborales demuestran que esos elefantes blancos fueron creados para garantizar impunidad a empresarios, funcionarios y militares de alto nivel que abusan del poder. Todo se vale, tratándose, por ejemplo, de los defensores de tierras y recursos naturales, clasificados, en los manuales de contrainsurgencia, como sujetos a desterrar, encerrar o enterrar. Seguramente eso sufrieron Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz; oaxaqueños, miembros del Partido Democrático Popular Revolucionario, secuestrados por militares en 2007, siendo gobernador Ulises Ruiz, (PRI); y Felipe Calderón, (PAN), presidente.
Esperanza reventada
Si un poco de poder corrompe, teniéndolo todo, corrompe totalmente. Tal estigma invade al partido oficial que, inmolando la esperanza despertada en 2018, se corrompió del mismo modo que el anterior régimen. Ahora, mimetizado con lo peor del PRIAN, se está convirtiendo en un peligroso leviatán para quien dice representar y era su prioridad: el pueblo. La descomposición, sin retorno, parece iniciarse a partir del rescate y condecoración de Salvador Cienfuegos, secretario de defensa de Peña Nieto. De ahí en adelante, AMLO (secuestrado por generales convertidos, por él, en millonarios) canceló la posibilidad de procesarlos por abusos y crímenes cometidos en sus operativos. Sólo así se explica la negativa del “Fiscal Imperial”1 (Gertz Manero) de cumplir la resolución 29/2014-33, que ordena abrir los cuarteles para dar con el paradero de Edmundo, Gabriel y los 43 de Ayotzinapa. En julio de 2022, la ministra Ana Margarita Ríos, presidenta de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, confirmó la sentencia anterior; aún así, los militares mantienen archivos y cuarteles cerrados. Consecuentemente, los familiares seguirán esperando justicia y las víctimas desparecidas o encarceladas. Acierta Robert Nozick (“Anarquía, Estado y Utopía“) al decir que “cualquiera que moleste al poder puede ser reprimido, multado, difamado, masacrado, aporreado, condenado, burlado, ultrajado, deshonrado”, con aterradora facilidad e impunidad.
Triunfo de la solidaridad
El pasado 30 de octubre fue publicada la opinión 41/2024 de 5 expertos internacionales sobre la detención arbitraria. En ella confirman que Higinio Bustos es víctima de detención ilegal. Ese Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos (GTSDA) de la ONU pide “al gobierno de México adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Bustos Navarro sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes poniéndolo en libertad, dándole indemnización, reparación de daños e investigar a responsables de la detención arbitraria” 2. También señalan que, en la causa 5/2011, el Estado violó la presunción de inocencia y el debido proceso, manipulando las declaraciones testimoniales. Enfatizan al gobierno que, por ser un firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está obligado a respetar “el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, (artículo 18); así como el derecho a la igualdad ante la ley y a la NO discriminación por opiniones políticas, (artículo 26). Igualmente, le recuerdan el compromiso de respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos en lo relativo a la prohibición de la detención arbitraria (artículo 9) y al derecho a ser oído públicamente por un tribunal independiente e imparcial (artículo 10).
¿Cumplirá Claudia?
Hay razones para sospechar que el Estado mexicano pudiese ignorar las peticiones del GTSDA. En lo inmediato, funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Carolina Hernández Nieto de asuntos internacionales) expresaron que dicha opinión “no es vinculante”. Es decir: que el Estado no esta obligado a cumplirla. No obstante, si Claudia no acata la resolución, violará el artículo 1º y 133 constitucionales relativos a los derechos y libertades de las personas, además de lo dispuesto por los Pactos internacionales.
Por el momento, Higinio está siendo tratado bien en prisión: recién fue visitado por un enviado de la Secretaría de Gobernación. ¡En hora buena! Sin embargo, nubes de prepotencia y más militarismo asoman en el horizonte. Lo primero se manifiesta en funcionarios encargados de atender la mesa de diálogo: el día 4 de noviembre de 2024 condicionaron su continuidad a la desmovilización del FNLS que tiene 7 meses de plantón a un costado de Palacio Nacional; y, lo segundo, en el recrudecimiento de la paramilitarización de Chiapas.
1: https://www.facebook.com/watch/?v=550664604217437&rdid=CCrh3m0TtGF4pFwf
2: Titulo del libro de J. Jesús Lemus.
https://lanigua.com.mx/328646-2/
