miércoles, 25 de enero de 2023

Caso Sayula: ya sólo faltan que levanten y mutilen a los ediles

INFORME ROJO

* El regidor encarcelado es afín a Adán Augusto * La alcaldesa amenaza; Eric Cisneros la encubre * Presión a ediles para que no exijan desaparición de poderes * “El Pino”, acribillado con su familia * Fuerza por México había conminado a Cuitláhuac a dejar de criminalizar políticos * Negocio de grúas donde desaparecen y matan personas

MUSSIO CÁRDENAS ARELLANO

Publicada en mussiocardenas.com

Ya sólo falta que los ediles sean levantados, que sean mutilados, que sean embolsados. Porque las amenazas se van cumpliendo y a los enemigos se les persigue, se les acosa y se les refunde en las cárceles. Y ahí, en Sayula, prevalece el clima terror.

Ya sólo queda que se lleven a sus hijos, sus parejas, sus padres, amedrentándolos y vejándolos, y así someter al síndico y regidores y así hacerlos cómplices de la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas.

Al regidor Abimael Merino de los Santos se la aplicaron desde el seno de Morena, su partido, no por cuestiones legales, ni por ser repelente a la justicia. Lo entambaron por una venganza, urdida por el secretario de Gobierno, Eric “Bola 8” Cisneros, por andar metido en el proyecto presidencial de Adán Augusto López Hernández y no en el de Claudia Sheinbaum.

Le imputaron dos delitos y fueron por él. La Fiscalía que comanda la espuria Verónica Hernández Giadáns, de la cuadra política de Cisneros Burgos, lo detuvo por violencia psicológica y violencia de género contra la alcaldesa de Sayula.

A la par, diseminaron en redes sociales y medios adictos al atole de la Cuarta Transformación que Abimael Merino estaba imputado por haber orquestado la toma del palacio municipal, hace tres semanas, a manos de empleados que reclaman el pago de cinco quincenas de salario y el aguinaldo de 2022. Eso esparcieron pero oficialmente no fue así.

La madrugada del lunes 16, Lorena Sánchez Vargas se quiso vestir de luces. Se creyó Manolete. Sintió que podía con el toro y el toro la hizo volar. Envió a sus porros a la sede municipal. Iban encapuchados y armados con machetes, palos y tubos. Hay versiones que incluso llevaban pistolas. Los comandaba Modesta Clemente, operadora de la presidenta municipal.

Aquello fue un asalto. Un asalto fallido. O ir a ciegas tras el enemigo.

Los que iban a apalear arremetieron sin distingo. Más de una decena de mujeres fueron brutalmente golpeadas, pero resistieron. Se defendieron y repelieron el ataque. Al final, los agresores se largaron cargando la humillación. Y la que arengaba a los porros, Modesta Clemente, al primer embate aullaba pidiendo ayuda. Los videos registraron el nivel de violencia.

Y la Fuerza Civil, brazo represor de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, sólo observaba, sin intervenir, con pasividad cómplice.

Morena contra Morena en toda su expresión.

Un día más tarde —enero 17—, Abimael Merino fue aprehendido en Xalapa mientras desayunaba. Los esbirros de la fiscal espuria le ejecutaron una orden de aprehensión por violencia psicológica y violencia de género ejercido contra la vesánica Lorena Sánchez Vargas, la que a diario amenaza.

Se dijo entonces que no paró en la cárcel por algún agravio a la alcaldesa sino por la toma del palacio municipal, por resistir el ataque de los porros, por no ceder.

Pero hay un factor más, el de mayor peso: Abimael Merino, militante de Morena, promueve el proyecto de Adán Augusto López Hernández y no el Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México y corcholata número uno del mesiánico López Obrador.

Un repaso por sus redes sociales lo retrata como fan de Adán Augusto. Difunde sus palabras, sus giras, sus encuentros políticos, la campaña anticipada del secretario de Gobernación.

Lo muestra en Boca del Río, en la plataforma Diálogos Ciudadanos, hablando de reforma electoral. Comparte eventos del sindicato minero, en Sonora. O en la Ciudad de México, en el Colegio del Notariado. O en Puebla, en Oaxaca, o en la conferencia mañanera con Andrés Manuel.

Todavía el 11 de enero, a las 7:03 de la mañana, Abimael Merino se veía sonriente junto a Adán Augusto López Hernández. Se tomó una selfie y la subió a Instagram. Y la redondeó: “Que siga López porque estamos Agusto”.

No tardaría en sentir la ira de Bola 8, la fuerza bruta, el aparato de poder sobre él.

Abimael Merino fue uno de los ediles, junto con el síndico Bartolo Grajales Lagunes, y los regidores Alicia María García Cruz, Zoila García Wandestrand y Juan Manuel Symor Gómez, que suscribieron el documento con el que renuncian a sus cargos y le piden al Congreso de Veracruz la desaparición de poderes en Sayula de Alemán y la instalación de un concejo municipal.

Sin ellos y sin sus suplentes, no hay cabildo. Y procede la extinción del ayuntamiento. Y en ese punto Eric Cisneros pierde el control de ese territorio, zona donde se trasiega droga a morir.

Sayula es el desvarío total. Morena, sus enanos políticos, Cuitláhuac y Bola 8, Lorena Sánchez Vargas y la fiscal espuria, Verónica Hernández Giadáns, conjugando la mentira con la maniobra, el amago con la amenaza, la represión con la privación de la libertad.

Y se multiplican los daños colaterales. A unos los asesinan, a otros los encarcelan.

El primero fue Octavio Acosta, secretario particular de la alcaldesa Lorena Sánchez, ultimado el 28 de febrero de 2022 cuando realizaba un operativo para reubicar comerciantes. La presidenta municipal le atribuyó el crimen a un periodista de Acayucan, al que nada le pudo probar.

Al tesorero, Rafael González Cárdenas, le hicieron un montaje, aprehendiéndolo en la carretera que va de Acayucan a Sayula, el 6 de diciembre de 2022, sembrándole armas y droga, llevándolo a un sitio olvidado y obligándolo a disparar contra una patrulla de policía. Medio día estuvo desaparecido junto con su escolta. Y al final fue presentado bajo cargos que lo mantienen en prisión.

Rafael González se había opuesto a que la alcaldesa metiera mano al cajón. Y en una de esas se descubrió que la protegida de Eric Cisneros abrió cuentas bancarias con documentos apócrifos y firmas falsas. De ahí derivó el montaje y la aprehensión de Rafael.

Lorena Sánchez Vargas pretendió entonces imponer un tesorero a modo. El resto del cabildo se lo impidió. Eligieron para el cargo a una profesional solvente. La alcaldesa se negó a firmar el nombramiento y de inmediato cayeron sobre los familiares amenazas y denuncias penales.

No hay día que Lorena Sánchez Vargas no invoque el nombre de Eric Cisneros, su protector. No hay día que no difunda fotografías con él. Y no hay día que, en su nombre, no amenace a alguien.

El caso Sayula es radiografía de la podredumbre Morena.

Cuitláhuac García, el bailarín que cobra como gobernador de Veracruz, solapó todo. Cuando un grupo de sicarios irrumpió en la casa del ex tesorero Rafael González, afirmó que éste tenía nexos con grupos criminales. Nunca presentó evidencia.

Y con esa cantaleta estigmatizaron a los ediles incómodos. Pactaron, dice el secretario Bola 8, con una organización criminal. Pero como el teatro no tardaba en derrumbarse, ahora sostiene que también Lorena Sánchez Vargas entabló un pacto criminal.

La alevosía verbal de Eric Cisneros se mezcla con la cobardía. Antes llamaba por su nombre al empresario agricultor, Erasmo Vázquez González, y lo categorizaba como líder de un grupo criminal; ahora lo alude pero no se atreve a identificarlo.

Erasmo Vázquez, medio hermano del extinto líder ganadero, Cirilo Vázquez Lagunes, le pegó una arrastrada a Cisneros Burgos en la revista Proceso, exhibiendo el acoso, el amago de encarcelarlo pese a que fue quien aportó información para aprehender a cabecillas de células criminales.

Todos, según Bola 8, son parte de la delincuencia organizada. ¿Y si lo sabe, por qué no instó a la Fiscalía de Veracruz y Verónica Hernández Giadáns a actuar, a abrir las carpetas de investigación, a solicitar al Poder Judicial las órdenes de aprehensión?

Bola 8 va más allá. Los reconviene. Los insta a volver al camino del bien. ¿A quienes ha categorizado como parte de la delincuencia organizada? Dice que los ediles deben reconsiderar y romper el pacto criminal. ¿Y la aplicación de la ley? El enredo es fenomenal.

La última pieza del vodevil es el encarcelamiento del hermano de la alcaldesa y director del DIF, Eduardo Sánchez Vargas, el 20 de enero, por amenazas y ataques a la libertad de reunión y a la libertad de expresión. Le atribuyen ser el artífice del fallido desalojo del palacio municipal.

La mascarada les dio para difundir en medios y redes afines que con eso quedaba demostrado que el gobierno de Eric Cisneros y Cuitláhuac García —en ese orden— no protege a la edil.

Ya no saben cómo impedir que Sayula de Alemán se les vaya de las manos. Ya se vio que la alcaldesa Sánchez Vargas incurrió en varios delitos y está denunciada. Ya no ven cómo evitar que al no haber ediles en funciones, el Congreso estatal determine la desaparición de poderes. Ya no saben cómo ocultar su complicidad.

En Sayula no se vive normal. Se vive un estado de terror.

Y peor cuando el secretario Bola 8 enloquece.

Archivo muerto

Otro crimen y Cuitláhuac, de nuevo, en el epicentro del sismo. Fernando Pérez Vega, “El Pino”, junto con la cúpula nacional y estatal de Fuerza por México, había exigido justicia para el alcalde de Rafael Delgado, Isauro Ambrosio Tocohua, asesinado el 30 de diciembre de 2022. Horas después, un comando lo acribilló en las cercanías del aeropuerto Heriberto Jara, en Veracruz. “El Pino” viajaba con su familia. Tres vehículos lo asediaban. Conducía a velocidad de ráfaga hasta que la camioneta Ford Lobo se estrelló contra un poste de luz. De los otros automóviles descendieron sicarios, accionado sus armas y cosiéndolos a balazos. Murió “El Pino” Pérez Vega, su esposa e hijos, dos de ellos menores de edad. Y los matarifes se esfumaron. Traía la etiqueta de generador de violencia en la zona del Totonacapan, categorizado así por el gobierno de Cuitláhuac García. Le imputaron los crímenes en Poza Rica de inicio de año. Y justo por esa criminalización, muy propia del gobernador y su banda de mercachifles, Fuerza por México fijó posición y lo conminó a dejar de implicar a políticos con grupos delincuenciales. A Isauro Ambrosio Tocohua, quien era alcalde de Rafael Delgado bajo las siglas de Fuerza por México, Cuitláhuac le imputó nexos con la delincuencia, sosteniendo que eso habría provocado su ejecución. Ese fue el tema central en la conferencia de prensa encabezada por el líder nacional, Gerardo Islas Maldonado, y el dirigente estatal, Eduardo “Tato” Vega. Horas más tarde, “El Pino” fue acribillado con su familia. Hay algo que no cuadra. Si Pérez Vega era jefe de plaza, ¿por qué viajaba con su esposa e hijos, exponiéndolos a un ataque? ¿Por qué el vehículo no tenía blindaje? ¿Por qué no traía escolta? ¿Por qué se exhibía en eventos públicos? Con “El Pino”, han sido asesinados dos figuras relevantes de Fuerza por México en tres semanas, en Veracruz. Pero el gobernador volverá a decir que tenían pacto con grupos criminales. Y la violencia, por las razones que sean, sigue fuera de control… Grúas Gatsa no sólo esquilmaba. Ahora, su nueva fachada, Monterde, desaparece a quienes intentan liberar sus vehículos. Eleuterio Hernández Zapot y Octavio Tadeo Castellanos acudieron a recuperar un auto en el corralón de Coatzacoalcos y no se les volvió a ver con vida. Sus cuerpos fueron hallados a orilla de la supercarretera Las Choapas-Ocozocoautla, el domingo 16 de enero. Ambos estaban maniatados y embolsados; uno, decapitado. Previamente hubo un cateo en la empresa de grúas, de lo que cual derivó la aprehensión de cuatro empleados. Gatsa tenía padrinos de alto nivel en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la guarida de la mafia morenista, entonces encabezada por Hugo Gutiérrez Maldonado, el superagente del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Hoy esa mafia sigue. La cuida y la fomenta el nuevo titular, capitán Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla. Sobre Gatsa se ha escrito todo, desde los atracos a usuarios que debían pagar cantidades exorbitantes por liberar autos, como la sospecha de que en sus instalaciones operaban los cárteles. Cuando los medios de comunicación tomaron el caso, cuando la diputada por Coatzacoalcos, Eusebia Cortés Pérez, de Morena, alzó la voz y provocó la embestida de Cuitláhuac, acusándola de intentar extorsionar con placas de taxi y otros privilegios, la suerte de Gatsa quedó echada. Desapareció y sus instalaciones quedaron en poder de Monterde. Y vino lo peor. Eleuterio Hernández y Octavio Tadeo fueron a buscar un auto y terminaron desaparecidos, embolsados y semienterrados, uno de ellos decapitado. Como en los tiempos de Javier Duarte cuando Veracruz se entregó a los cárteles del narco. Hoy, el nuevo cómplice es Cuitláhuac García, el bendecido por López Obrador…

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