•El IFDP intervino oportunamente y probó su inocencia tras permanecer 13 años en prisión preventiva
Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2022 .- Ana Georgina Domínguez Macías tiene 39 años, es casada y madre de dos hijos. Fue detenida en Coatzacoalcos, Veracruz, el 9 de septiembre de 2009 a las 4 de la mañana por elementos de las Fuerzas Especiales de la Sedena. Ingresaron a su casa sin orden de cateo ni de aprehensión, y fue sustraída de su domicilio junto con su esposo a quien también golpearon, vendaron y amarraron. Minutos después, los integrantes de la Sedena lo abandonaron en la carretera. A las 11:20 horas, de ese mismo día, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la detención ilegal de su esposa.
Ana Georgina fue acusada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ella era empleada de Pemex en Veracruz, pero fue señalada como la “contadora” de un cártel del narcotráfico. Ana Georgina tenía 26 años, fue abusada sexualmente y torturada en la base militar de Coatzacoalcos. Posteriormente, fue trasladada en avión a la Ciudad de México para ser presentada ante el agente del Ministerio Público de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Allí, mujeres de la extinta Policía Federal, la golpearon con un arma para obtener información de otras personas que no conocía. Como consecuencia de la tortura física, psicológica y sexual, Ana Georgina firmó una declaración auto inculpatoria.
Con pruebas obtenidas a través de la tortura y fabricadas vía “testigos protegidos”, a Ana Georgina se le dictó auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada dentro de la causa penal 97/2009, radicada en el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en Toluca, Estado de México; y por el delito de lavado de dinero dentro de la causa penal 27/2010 radicada en Juzgado de Matamoros en Tamaulipas.
[gallery size="large" ids="162529,162530,162531"]El 14 de enero de 2022, gracias a información del Centro Prodh, la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) solicitó a la Fiscalía de Tortura investigar los hechos narrados por Ana Georgina. Se demostró que no se le practicó protocolo de Estambul. Un mes después, el Juzgado de Matamoros en Tamaulipas, le dictó sentencia absolutoria por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, misma que se confirmó el 19 de mayo de 2022.
Ante esta situación, la Defensoría pública argumentó ante el Juzgado Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en Toluca, Estado de México, que al tipo penal del que se le acusaba -cuya pena es 4 a 8 años- correspondía una que ya se había excedido, ya que llevaba 13 años en prisión preventiva. Sin embargo, el juez negó el cambio de medida cautelar para concluir el proceso en libertad.
La Fiscalía General de la República (FGR) finalmente presentó conclusiones acusatorias, pero por el mismo delito que fue procesada -como se advirtió al juez- y por lo tanto la pena máxima de 8 años ya se superó. Ayer, el juez determinó cambiar la medida cautelar y otorgar la libertad a Ana Georgina por haber excedido el tiempo de la prisión previsto para el delito por el que se le sigue el proceso. En la madrugada de este viernes, recuperó su libertad gracias a la estrategia legal de la abogada del IFDP, Alma Delia González.
La Defensoría pública seguirá luchando porque se reconozca la absoluta inocencia de Ana Georgina en caso de que sea condenada por su probable participación en la comisión del delito de delincuencia organizada bajo la hipótesis contra la salud.
De esta forma, el IFDP, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, se consolida como la Defensoría del Pueblo para garantizar una justicia de calidad en igualdad de condiciones y sigue redoblando esfuerzos para proteger los derechos humanos de las personas más vulnerables del país.
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